“NO ACEPTAMOS VOLVER AL TREP DEL NARCOTRÁFICO”: MARLON OCHOA

El consejero Marlon Ochoa resaltó que no participará en las sesiones plenarias del Consejo Nacional Electoral (CNE) a menos que sea para corregir las ilegalidades que buscan instalar un modelo de transmisión de resultados como el “utilizado en las elecciones fraudulentas de 2013 y 2017”.

“No aceptamos volver al TREP del narcotráfico”, dijo Ochoa al citar el reciente comunicado del Ministerio Público, donde detallan información de la Fiscalía de EE.UU. que confirma cómo en 2017 el fraude electoral apodado popularmente “curva de Batson”, fue ejecutado por la estructura criminal que gobernó desde el golpe de Estado 2009.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. El consejero electoral, Marlon Ochoa, afirmó que asistirá a reuniones del pleno de consejeros que integra el Consejo Nacional Electoral (CNE) pero “que tengan como propósito enmendar el flujo ilegal contenido en los pliegos de condiciones” para la instalación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

Previamente, Ochoa denunció a través de una nota –que hizo pública– que la convocatoria que realizó esta mañana la consejera presidenta, Cossette López, es ilegal porque busca “convalidar un modelo” de TREP que “es ilegal y equivalente al utilizado en las elecciones fraudulentas de 2013 y 2017”, por lo que sentenció que “ningún funcionario está obligado a cumplir órdenes ilegales o que impliquen la comisión de un delito”.

El TREP que denuncia Ochoa –así como otros sectores– permite que, antes de divulgar un acta, esta sea aprobada por personas que realizarán una intervención para verificar la autenticidad de la misma; anteriormente, en los procesos de 2013 y 2017, esto se utilizó para retener y alterar actas, dando paso al fraude en los procesos que dieron como ganador al mandatario y condenado por narcotráfico, Juan Orlando Hernández.

“En el uso de mis derechos y deberes, me acojo al artículo 323 constitucional, el cual establece que ningún funcionario o empleado civil o militar está obligado a cumplir órdenes ilegales o que impliquen la comisión de un delito. El sistema de Transmisión de Resultados Preliminares es ilegal por las tres razones que a continuación se explican en el oficio”, sentenció el funcionario.

La primera razón que expuso Ochoa fue que la aprobación del TREP –según el artículo 279– debe realizarse por consenso y con seis meses de antelación a las elecciones generales programadas para el 30 de noviembre de 2025, lo que ya se realizó el pasado 29 de mayo; sin embargo, “estos lineamientos fueron modificados posteriormente a través de un pliego de condiciones aprobado por mayoría el 15 de junio”.

Esto, según el consejero, violentó que los lineamientos deben ser aprobados por consenso; además, se realizó fuera del plazo establecido por la ley.

Como segunda razón, el funcionario electoral explicó que este pliego de condiciones “establece un paso que implica una intromisión manual en el flujo de divulgación de resultados preliminares”, y es que “aquellas actas que sean corregidas por el secretario de la Junta Receptora de Votos, el sistema marcará las casillas modificadas con una etiqueta para ser validadas mediante una segunda transcripción manual, previo a su divulgación”.

“Esta verificación humana no está contemplada en la Ley Electoral y constituye una instancia paralela que tendría poder para modificar datos antes de su publicación”, advirtió, citando los artículos 21 y 279 de dicha ley, los cuales mandatan que las actas deben ser publicadas “en cuanto sean recibidas” y sin restricciones.

Y, en tercer lugar, explicó Ochoa, “[se] establece que esta transcripción deberá ejecutarse de forma pública, integrando cada estación de trabajo tres representantes. Este nuevo organismo electoral no se encuentra contemplado en la ley electoral de Honduras, la cual establece que son las Juntas Receptoras de Votos [JRV] las autorizadas legal y legítimamente para llevar a cabo el escrutinio público”.

Para Ochoa, el modelo que se pretende implementar es una calca del sistema utilizado en las elecciones de 2017, marcadas por una reelección ilegal, cortes de energía, alteración de resultados y posterior represión popular.

En ese proceso, ampliamente denunciado por organismos internacionales, se utilizó un sistema de verificación manual de actas que dejó profundas dudas sobre la legitimidad del resultado.

“El Consejo Nacional Electoral ha entrado en un estado de ilegalidad manifiesta”, sentenció, asegurando que mientras persista esta intención de manipular el TREP, se niega a participar en sesiones que lo avalen.

Ochoa concluyó resaltando el comunicado del Ministerio Público en el que afirman que, al recibir documentación con información desde la Fiscalía de Nueva York con indicios y pruebas de los fraudes electorales de 2013 y 2017, donde presuntamente se utilizó al crimen organizado no sólo para financiar campañas electorales, sino para alterar la voluntad popular y permitir las victorias de Juan Hernández.

“No aceptamos volver al TREP del narcotráfico”, resaltó, agregando que con esta documentación ahora en manos de la fiscalía hondureña “se constata que el fraude electoral de 2017 fue ejecutado por el narcotráfico, y que la campaña de Juan Orlando Hernández en 2017 fue financiada con fondos del narcotráfico”.

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