De nuevo quedó captado en cámara cómo diputados de los partidos Nacional y Liberal hicieron uso de la violencia como arma, en esta ocasión, para boicotear la comparecencia del pleno del Consejo Nacional Electoral ante las denuncias de un intento de fraude en las elecciones generales.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, citó ayer al pleno de consejeros electorales, Marlon Ochoa, Cossette López y Ana Paola Hall, para comparecer ante el Hemiciclo Legislativo con el fin de dar claridad a la situación interna en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y a las denuncias de diversos sectores sobre un posible intento de fraude electoral en los comicios generales del próximo 30 de noviembre.
La comparecencia comenzó con la consejera presidenta del organismo electoral, Cossette López, afiliada al Partido Nacional, quien señaló al consejero Ochoa de caprichoso por denunciar la implementación de la “curva de Batson” en los comicios generales.
La “curva Batson” fue el nombre que recibió la estrategia que permitió el fraude electoral de 2017, cuando el entonces Tribunal Supremo Electoral, liderado por David Matamoros Batson, a través de la retención y manipulación de actas, permitió la reelección ilegal de Juan Orlando Hernández.
“El CNE no es el espacio para despliegues ideológicos ni para convertirse en oficina de trámite de ningún partido político, ni siquiera el mío; es el escenario donde debemos honrar a Honduras garantizando procesos electorales que preserven la alternancia democrática y la confianza ciudadana,” señaló López.
Tras su comparecencia, los diputados de la bancada nacionalista salieron de sus curules para exigir al presidente Luis Redondo la expulsión de un grupo de personas que llegaron en apoyo a la denuncia de Ochoa. De esta manera, a pesar de que el titular del Legislativo evitó la exigencia del bipartidismo, los congresistas continuaron su irrupción de forma violenta.
Diversas cámaras captaron el momento en que el diputado liberal y exprecandidato presidencial, Jorge Cálix, agredió a uno de los diputados del oficialismo.
Además, los congresistas de la oposición, a través de la violencia, intentaron agredir al consejero Ochoa —según testimonios internos del Congreso—, pero gracias a una barrera humana formada por los legisladores de Libre, se impidió un escenario lamentable. En imagenes se observa como la diputada nacionalista, Maria Antonieta Mejía, quitó el microfono al consejero.
Comparecencia de Ochoa
Desde la tribuna del hemiciclo, y a pesar del boicot bipartidista, con ruido y forcejeos, Ochoa detalló que el esquema denunciado intenta replicar el modelo de manipulación electoral utilizado en 2013 y 2017, bajo la dirección de David Matamoros Batson; y advirtió que nuevamente se intenta imponer una “intromisión humana” antes de divulgar los resultados oficiales.
Según explicó, el proceso electoral establece que las Juntas Receptoras de Votos (JRV) deben remitir el acta de cierre y su imagen al servidor central del CNE; a partir de ahí, los datos se distribuyen simultáneamente a los servidores de los partidos políticos y del propio Consejo Electoral.
Sin embargo, el mecanismo impulsado por las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall pretende intervenir antes de esta divulgación para decidir qué actas se publican y cuáles no, contraviniendo lo estipulado por la ley. “Esta intromisión humana es ilegal y este es el mecanismo con el que pretenden ejecutar el fraude electoral, el Partido Nacional y el Partido Liberal,” agregó el consejero.
Ochoa argumentó que esta acción viola los artículos 21 y 279 de la Ley Electoral; en particular, el 279 exige que los lineamientos para la divulgación de resultados se aprueben por consenso seis meses antes del evento electoral.
“Así lo hicimos,” dijo, recordando que mediante la certificación 1272-2025 se aprobó por unanimidad dicho procedimiento; no obstante, 17 días después, las consejeras aprobaron por mayoría —a través de la certificación 1338— un nuevo mecanismo que considera fraudulento, fuera del plazo legal y “sin nuestra participación”.
El consejero sostuvo que esta decisión rompe el principio de legalidad, ya que se adoptó sin el consenso requerido, y agregó que ninguna parte de la ley contempla la existencia de un filtro humano que seleccione qué actas se divulgan.
“El artículo 21, numeral 3, literal H, establece que el CNE debe publicar las actas en cuanto sean recibidas, de manera continua y sin restricción”, subrayó.
Ochoa enfatizó que las únicas autoridades facultadas para acreditar los resultados preliminares son las Juntas Receptoras de Votos, cuyos miembros son funcionarios públicos conforme a los artículos 261 y 269, y que no existe en la ley una figura llamada “transcriptores” que pueda decidir sobre la validez o publicación de actas.
“Este es el mismo esquema fraudulento que se utilizó en 2013 y 2017, y no lo aceptaremos nuevamente. El pueblo hondureño merece elecciones transparentes, como lo fueron las de 2021, ampliamente reconocidas como las más limpias en nuestra historia,” sentenció.
Ochoa afirmó que “queremos elecciones transparentes, como lo fueron las elecciones generales de 2021, ampliamente reconocidas por el pueblo hondureño como las más limpias de nuestra historia».
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