La comisión Interventora del Instituto de la Propiedad denunció que más de aproximadamente 17 mil millones fueron saqueados de la Institución durante el gobierno de Juan Hernández y cuya administración estuvo a cargo de uno de sus socios más cercanos, Ebal Diaz.
El miembro de la Comisión, Francisco Bocanegra, calificó el hallazgo de “peor que grave” y que la mayoría de esos fondos fueron destinados con fines personales y políticos.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El miembro de la comisión interventora del Instituto de la Propiedad (IP), Francisco Bocanegra, advirtió que la situación de la institución es totalmente grave, al presentar un informe preliminar sobre el estado legal, administrativo y financiero, encontrando un perjuicio de 12 mil millones de lempiras dejados por la anterior administración del Partido Nacional.
Según expuso, la administración nacionalista utilizó al IP con fines personales y políticos, dejando tan gravemente dañada la institución que él “quisiera encontrar una palabra que signifique más que grave”.
Desde el año 2019, según la Comisión, ya se conocían prácticas irregulares dentro del Instituto, impulsadas con “propósitos oscuros y maquiavélicos” que desnaturalizaron su verdadero objetivo: garantizar el derecho a la propiedad de los hondureños.
Cabe mencionar que, durante ese periodo, el Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad estaba integrado por figuras como Ebal Díaz, exsecretario de la Presidencia y mano derecha del exgobernante Juan Orlando Hernández, ambos señalados de actos de corrupción, siendo este último sentenciado a más de 40 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico; al mismo tiempo, la secretaría ejecutiva estaba a cargo de José Noé Cortés.
Uno de los principales mecanismos de corrupción, según explicó, fue la creación de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP), una estructura paralela al marco legal establecida con el fin de evadir los procesos de contratación establecidos en la Ley de Contratación del Estado.
Según el funcionario, a la UCP se le asignaron 12 mil millones de lempiras, fondos que, según Bocanegra, fueron despilfarrados en proyectos ajenos al mandato de la institución: “Por eso todos veíamos que esos personajes maquiavélicos inauguraban calles, entregaban estufas, entregaban casas que ahí están abandonadas en los diferentes proyectos, como lo es Residencial Morazán”.
Bocanegra denunció el uso de la UCP para construir viviendas improvisadas con contenedores —a las que calificó como “casas chatarras”— en la salida al sur de la capital, en terrenos que ya estaban adjudicados a otras personas.
Asimismo, mencionó proyectos abandonados como Residencial Morazán, donde hay viviendas deshabitadas y deterioradas.
Según el titular, con todos esos fondos que se robaron desde esa unidad hubiera alcanzado para comprar muchas placas.
“Sabemos que es un tema de seguridad incluso, pero los presupuestos de este instituto solo son de 1,253 millones de lempiras, del cual el mayor porcentaje de este monto se va en salarios, se va en los sueldos de los colaboradores”, explicó Bocanegra.
Como parte de las investigaciones, el Ministerio Público (MP) realizó un allanamiento en las bodegas del IP ubicadas en la salida a Olancho, donde se encontraron estufas, chimbos de gas, refrigeradoras y microondas, lo que —según el funcionario— confirma el uso irregular de recursos.
Indicó que la Fiscalía mantiene más de 20 líneas de investigación abiertas relacionadas con actos de corrupción en el Instituto, y aunque no puede revelar detalles que comprometan los procesos legales, afirmó que su principal objetivo es que estos crímenes no queden en la impunidad.
Entre otros hallazgos más alarmantes se encuentran casos de falsificación de boletas de revisión, uso de documentos falsos y la presunta complicidad de notarios públicos en trámites ilegales relacionados con la propiedad.
Estos casos, sumados a los 12 mil millones de lempiras despilfarrados por la UCP, elevan el monto total del desfalco a casi 17 mil millones de lempiras, según reveló el funcionario.
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