A 16 AÑOS DEL GOLPE 2009, ANATOMÍA DE LA FRACTURA SOCIAL EN HONDURAS

“No quiero recordar algo tan horrible, esos criminales nos hicieron mucho daño al pueblo”, eso dijo hoy a EL LIBERTADOR una hondureña que no supera los traumas del golpe de Estado. Honduras aun no ha castigado los crímenes de los golpistas, no hay justicia; las heridas siguen abiertas, la sociedad dividida y los impunes buscan de manera sucia retornar al poder en elecciones del próximo noviembre.

El derrocamiento de Manuel Zelaya aquel obscuro 28 de junio, truncó un proceso de transformación social, abrió paso al crimen organizado en las estructuras del Estado y sumió al país en una narcodictadura que duró 12 años, en ese tiempo, más de 70,000 hondureños fueron asesinados.

Hoy, los responsables siguen libres y las consecuencias siguen vigentes, una vez más se alzan para conspirar contra los hondureños, aquejando que la actual autoridad es un “fracaso” pese a que sus propuestas son la misma receta de siempre: violencia, desigualdad y miseria. Según analistas, la justicia debe actuar, sino el país seguirá en golpe.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. El golpe de Estado 2009, fue un crimen reconocido mundialmente y con grave daño social, económico y político para el país; el acto criminal, no solo rompió el orden constitucional, permitió el peor de los escenarios para la nación y el pueblo: el ascenso de una narcodictadura que, durante doce años, sembró terror.- Han pasado 16 años desde entonces y la sociedad hondureña, sigue anhelando justicia y reparación.

La “punta del iceberg” sobre el porqué se ejecutó el golpe de Estado es la consulta popular de la cuarta urna para abordar a la sociedad el 29 de noviembre sobre una nueva Asamblea Nacional Constituyente (ANC); pero más allá de eso, fue un acto para detener el conjunto de reformas económicas y sociales que ejecutó Manuel Zelaya Rosales, electo para el período 2006-2010.

El dictador, Roberto Micheletti, alza la mano del golpista Romeo Vásquez Velásquez, días después de derrocar al expresidente, Manuel Zelaya.

Y, es que, el Gobierno de Zelaya comenzó a tomar distancia de sectores empresariales conservadores, impulsando políticas como el aumento del salario mínimo que, en su primer año al mando del país era de 1,942 lempiras mensuales (promedio) y en diciembre de 2008 fue aprobado un aumento a 5,500 lempiras mensuales, es decir un aumento del 183 por ciento.

Entre otras medidas que generaron un fuerte rechazo en sectores económicos, destaca el acercamiento a otros gobiernos progresistas de América Latina en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), liderada por el extinto presidente de Venezuela, Hugo Chávez.

Marcia Villeda, susurra al oido al dictador Micheletti días posteriores al golpe de Estado.

Esto fue clave porque motivó los discursos de ataque y conspiración que se utilizan incluso hoy contra el Gobierno de Xiomara Castro: comunismo, socialismo, nueva Cuba o nueva Venezuela, desconociendo los avances en la restauración del país después del golpe de Estado y narcodictadura.

La inducción de Honduras al “socialismo del siglo XXI” o socialismo democrático, también movió actores de Estados Unidos quienes se afianzaron en sectores empresariales vinculados a la narcoactividad ya juzgada en Distrito Sur de New York para llevar a Honduras a lo más profundo: el país más violento, miserable e infeliz de la región.

Entre otros discursos de sectores conservadores, destacó el “peligro” que Zelaya buscara una reelección bajo una nueva ANC emulando lo que hizo Chávez en Venezuela; sin embargo, el contexto de fraude e imposición electoral de 2017, evidenció que, para grupos de poder económico con propiedad de medios de comunicación tradicionales, la continuidad de una figura en Casa Presidencial, nunca fue problema.

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Histórica marcha del 5 de julio del 2009 contra el golpe de Estado.

Y, mientras esos sectores protagonistas del golpe de Estado, siguen utilizando el término “sucesión constitucional”, la historia –escrita por EL LIBERTADOR y reconocida por el pueblo– no puede ser borrada: el 28 de junio de 2009 se cometió delito de traición y golpe de Estado.

El daño ha sido profundo, observa el abogado con doctorado en derechos humanos, Joaquín Mejía, pues con la ruptura del orden constitucional, se vino abajo lo que se estaba edificándose en institucionalidad democrática y que “esos vacíos que dejó (el golpe) permitió la penetración del crimen organizado en las estructuras del Estado y que como vimos, logró incluso llegar a la Presidencia de la República”.

Mejía recordó que después del golpe se profundizó el modelo extractivista que desató otra crisis humanitaria, sobre todo porque se trató de un esquema que ha hecho correr la sangre de al menos 174 hondureños valiosos –como Berta Cáceres y otros defensores de la vida– e instalado el terror como en el Valle del Aguán sin representar una rentabilidad económica pues de acuerdo con investigación de EL LIBERTADOR, en más de 1,100 concesiones hasta 2021 no hubo siquiera un aporte del uno por ciento a la producción nacional.

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Según el togado, hay un problema de origen que no permite al Estado comenzar una reparación profunda, “no ha existido un proceso de justicia internacional a pesar que en este Gobierno (de Xiomara Castro) ha habido algunas acciones de reparación”.

Prueba que Diario La Prensa modificó la fotografía de Isy Obed Murillo, reconocido como primer mártir de la dictadura.

Además, considera que hasta no resolver todos los pendientes del golpe de Estado, crímenes de lesa humanidad siguen sin castigo no se podrá avanzar, y para ello, se necesita ir más allá de tres exgenerales de las Fuerzas Armadas, como son los casos de: Romeo Vásquez Velásquez (prófugos), Venancio Cervantes Suazo y Carlos Roberto Puerto Fúnez, llevados a tribunales por el asesinato de Isy Obed Murillo.

Para Mejía es una gran pendiente del Estado que se repare en hechos y justicia, pues lamenta que el esquema que se dejó en el país, era el sueño de grandes criminales del mundo como el excapo colombiano, Pablo Escobar, quien no logró lo que Juan Hernández sí: llegar a la presidencia de su país.

Sobre este tema, el sociólogo Mario Sorto concluye que, ante todo lo que se podría abordar con el tema del golpe, lo primero a tomar en cuenta es que tuvo una repercusión multidimensional que impidió ver lo que pudo ser una Honduras completamente diferente a la actual, incluso en ámbito geopolítico.

Pero de forma puntual, “lo que se impidió fue un crecimiento económico en el país, pero también el desarrollo humano”.- Cita cómo este evento influyó en seguir la línea ascendente que se traía desde 2006, por ejemplo, con un crecimiento estable y para el caso una reducción sostenida en la brecha de la desigualdad.

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Momento en que Juan Hernández es llevado hacia avioneta de la DEA en su extradición.

En 2006, el coeficiente de Gini – medida estadística que cuantifica la desigualdad en la distribución de ingresos o riqueza dentro de una población–, situó a Honduras con una calificación de 0.57 y bajó hasta junio de 2009 a 0.49, pero después del golpe repuntó a 0.57 (en 2011, segundo año de Porfirio Lobo Sosa), recordando que este indicador evalúa positivamente datos más cercas del cero.

Sorto recordó que, desde entonces en cada informe anual Honduras, ha aparecido con bajos indicadores sociales y de calidad de vida de las personas.

Para el analista social, lo que sucedió en 2009 es un buen punto de análisis, porque con el golpe de Estado se retrocedió en todos esos aspectos, pero luego de éste hubo muchos otros “golpes” durante 12 años.

“Si pensamos algunos, el golpe legislativo cuando también se destituyó a magistrados por haberse opuesto inicialmente a las ‘ciudades modelo’. Y ha habido también una serie importante de retrocesos democráticos, la militarización de la sociedad, la concentración del poder en una sola figura. Y de forma paralela pues también tenemos el tema de la impunidad, la corrupción creciente, la captura del Estado por narcotraficantes”, recriminó.

Protesta contra ilegal reelección de Juan Hernández en 2017.

Sorto es claro, desmontar toda esa estructura va a requerir más de tres o cuatro años, pero no serán fáciles porque hay todo un esquema que se resiste a morir y que mantiene bajo amenaza a altos funcionarios, “y eso es bastante complejo”.

Ahora, que sigamos viendo actores nefastos de 2009, “descongelándose” en 2025 ante una posible continuidad de Libre en el poder, responde a que nunca se logró llevar a golpistas a los tribunales de justicia, advierte el sociólogo Roberto Briceño.

En la gráfica, la histórica defensora de la vida Berta Oliva, ofrece un discurso en el marco de los 15 años del golpe de Estado 2009; a su espalda funcionarios del Gobierno, incluida la presidenta Xiomara Castro.

“Muchos de estos de la oposición política deberían estar presos por sus delitos cometidos”, advirtió el analista social. Pero no se trata solo de enjuiciarles por los acontecimientos de 2009 sino por todos las actos delictivos acumulados en sus 12 años de gobierno.

Briceño es contundente, esas figuras ni siquiera deberían ser protagonistas en la actualidad política del país, “no debieran tener derechos políticos si tienen juicios pendientes o acusaciones de todos los factores hace que la forma de autoprotección se realice con un grupo de interés con capacidad de inhibir a las instituciones del Estado”.

El sociólogo concluyó que hay una verdad que está a la vista de todos, estos sectores que promovieron –e insisten– el crimen del golpe de Estado, no están interesados en Honduras, se mueven únicamente para recuperar sus dominación total, acumular riqueza y empobrecer a la sociedad.

Hace 16 años Honduras fue noticia ante el mundo, el primer golpe de Estado del siglo XXI, la muerte se extendió sobre el territorio y la sociedad fue condenada en una larga noche de 12 años; no obstante, también el pueblo despertó, fue Resistencia y rompió 200 años de bipartidismo. La posteridad, hará justicia.

Portada de EL LIBERTADOR julio 2009

 

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