La Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), anunció una investigación contra personas de seguridad privada y plagiadores de indumentaria institucional, que el pasado miércoles invadieron una propiedad asegurada en el sector de “Campo Mar”, que era propiedad del controversial canadiense, Randy Jorgensen, apodado el “Rey del Porno”.
Jorgensen ha sido acusado por varios delitos contra comunidades Garífunas en Cristales y Río Negro, en Trujillo, departamento de Colón; la propiedad fue invadida por una empresa de seguridad privada y personas con falsa indumentaria de OABI, según lo denunciado en comunicado de prensa oficial.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El titular de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Marco Zelaya, aclaró que las propiedades confiscadas al “empresario” canadiense, Randy Jorgensen –apodado el “rey del porno”–, siguen bajo potestad de la institución en el marco del proceso judicial que afronta el extranjero.
Lo anterior surge a raíz de la alerta que emitió la coordinadora general de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), Miriam Miranda, quien en fecha reciente denunció un intento de “desalojo forzado” en el sector denominado Campo Mar, propiedad incautada por la OABI al empresario extranjero.
Miranda advirtió que el pueblo Garífuna ha resguardado el sitio desde hace un año y que personal de OABI junto a guardias privados les habían expulsado, cuestionando además que Jorgensen se pasea con total libertad por la Bahía de Trujillo en el departamento de Colón, instando a la justicia que explique y actué contra el canadiense.
Sin embargo, en contacto con EL LIBERTADOR, el titular de OABI explicó que el inmueble en cuestión, sigue bajo poder de la institución por orden judicial y, por ende, ninguna asociación u organización ha sido autorizada a ocuparlo.
A través de un comunicado de prensa OABI reportó que la empresa privada que se presentó en el terreno incautado, no forma parte del personal de la Oficina Incautadora, “ni están autorizadas para realizar actividades en representación de esta institución”.
En el documento –firmado por Zelaya– se advierte que no está permitido que personas utilicen indumentaria con identificación de OABI, mucho menos que personas no autorizadas ingresen al bien inmueble y que ya se está investigando a detalle para la aplicación de ley.
El abogado Zelaya añadió que el inmueble fue incautado a Jorgensen como parte de un proceso judicial en su contra y que la administración por parte de la OABI, responde exclusivamente a lo que establece la ley.
“La incautación se realizó, se puso a disposición de la OABI por una orden judicial en la que este señor es objeto de un proceso judicial, y el juez determinó que quien puede administrar esa propiedad es la OABI. Así lo establece la ley; el juez no ha ordenado que otras personas tengan posesión del terreno”, amplió.
Además, agregó que todo lo relacionado con la comunidad garífuna y las sentencias internacionales será aplicado en conjunto con la Procuraduría General de la República.
Cabe destacar que Jorgensen ya había sido acusado por el delito de usurpación en perjuicio de las comunidades Garífunas de Cristales y Río Negro en Trujillo, departamento de Colón, zona atlántica de Honduras.
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