La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra dos exempleadas del Seguro Social y 12 personas más, acusadas de desviar dos millones de lempiras en pagos de salario a personas que siendo amas de casa o jornaleros, cobraron como médicos “cubriendo turnos” de incapacidades y vacaciones.
Al respecto, el comisionado adjunto de la nueva Interventora de ese centro asistencial, Samuel Zelaya, explicó que el caso fue llevado por nuevas autoridades a la Fiscalía, exponiendo que los involucrados abrieron cuentas bancarias con documentos falsos, asegurando que eran profesionales de la medicina y que para evitar se repita estas acciones, “subimos los niveles de control”.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), dictó auto formal procesamiento con prisión prevenida contra las exempleadas del Instituto Hondureño de Seguridad (IHSS): Suyapa Rodríguez, Elina López y otras 12 personas que supuestamente participaron directamente en el desvió de alrededor de dos millones de lempiras a través de planillas fantasmas.
Según la información oficial de la Fiscalía las imputadas estaban asignadas en el Departamento de Compensación Salarial e incluyeron a 20 personas que se hicieron pasar por médicos con el objetivo de cubrir vacaciones e incapacidades, siendo en realidad amas de casas y jornaleros.
De acuerdo con un comunicado oficial del Ministerio Público, los acusados: “Participaron directamente en este esquema de corrupción, ya que ellos mismos acudieron a agencias bancarias para abrir cuentas a su nombre (las cuales utilizaron para cometer el delito), en donde aseguraron que eran médicos del IHSS, es decir tenían conocimiento del ilícito en el que participarían”.
Y, una vez depositados lo fondos –prosigue el documento– estas personas acudieron a agencias bancarias y autobancos para retirar el dinero en “efectivo que se repartieron con terceros a los que ellos pretenden proteger a través de un silencio cómplice entre todos los imputados. Según las investigaciones, estos 20 ciudadanos/as devengaron un salario durante tres meses, lo que resultó en un desfalco aproximado de 97 mil lempiras (casi dos millones en total)”.
Sin embargo, familiares de las imputadas aseguran que ellas fueron engañadas, argumentando que autoridades del IHSS solicitaron sus datos bajo la promesa de otorgarles un bono: “Ellas fueron utilizadas, nunca han trabajado en ningún Seguro Social; a ellas las engañaron por un bono que les iban a dar”.
Sobre el tema, el comisionado adjunto de la nueva Comisión Interventora del IHSS, Samuel Zelaya, ratificó a EL LIBERTADOR, que la investigación determinó que los implicados abrieron cuentas bancarias y retiraron fondos utilizando documentos que los identificaban como empleados de la institución.
“Entonces, el tema es que desgraciadamente, aunque las personas les habían prometido cualquier otra información, estas personas tenían una nota que cuando fueron a abrir (cuentas de banco) dijeron que eran empleados del Seguro”, expresó.
Zelaya subrayó que fue la propia institución la que denunció el caso como parte de su lucha contra la corrupción y que han colaborado con la Fiscalía, proporcionando información clave para la investigación.
“No es que alguien nos investigó y se dieron cuenta. Nosotros en un acto de lucha contra la corrupción, fuimos los que encontramos (este caso). Además, prestamos toda la capacidad logística, técnica e información necesaria para que se pudiera dar con las personas implicadas y ponerse a la orden de la justicia”, dijo Zelaya.
Asimismo, señaló que tras detectar el fraude se implementaron controles más estrictos para evitar nuevos casos, “subimos los niveles del control, de tal manera que ya esos procesos no pueden ser burlados porque se concentraron en la máxima autoridad, por ejemplo, todo el tema de la aprobación de quienes entren (a planilla) del Seguro Social, que antes estaba desconcentrado”.
“Como autoridades, nosotros tenemos que hacer todo lo necesario para que las personas pudieran presentarse a la justicia, porque al final son fondos públicos de derechohabientes que limitaron la compra de medicamentos, el contratar verdaderos médicos para suplir las necesidades que hubo en esos tres meses que las personas hicieron pasar por, por supuestos médicos”, concluyó Zelaya.
En tanto, la titular de la Secretaría de Salud (SESAL) –y jefa de la Comisión Interventora del IHSS–, Carla Paredes, expresó que aún falta que la Fiscalía investigue y lleve a la justicia a los actores intelectuales del fraude para que no vuelva a suceder: “Porque de nada sirve capturar a los materiales, cuando los que los planificaron, están fuera del país, porque saben que van a cantar estas personas fácilmente”.
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