Horas más tarde que el Poder Judicial admitiera inconstitucionalidad de las ZEDE, el CEO de la controversial “Ciudad Morazán”, Massimo Mazzone, comenzó una batalla de ofensas contra empresarios y diputados hondureños, alegando que la acción en defensa de la Constitución es una “aniquilación del Estado de Derecho”.
Redacción central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El empresario de origen italiano, Massimo Mazzone, CEO de “Ciudad Morazán”, una de las controversiales Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), no tomó nada bien la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que ayer admitió que estos proyectos son inconstitucionales.
Y, es que, para Mazzone, ayer ha sido “un día negro para los hondureños”, porque miles de personas perdieron trabajos, casas y miles de millones por indemnizaciones a los inversionistas y, a su juicio, lo que es peor: “La destrucción del Estado de Derecho, con el País aún más tóxico para FDI (inversión extranjera)”.
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Lo anterior, publicado en su cuenta de “X”, donde evidenció un ataque neurótico al pelearse con cualquiera que opinara contra las ZEDE, incluidos empresarios nacionales y diputados, como han sido los casos del expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Eduardo Facussé; y los congresistas Carlos Umaña y Ligia Ramos.
Tras conocer la noticia, Facussé destacó que las ZEDE “tenían la misma validez jurídica que la infame reelección: NINGUNA”. Ovacionando la determinación de la CSJ para declararlas ilegales y destacando que: “La República nunca debe tener excepciones. Tremendo problema nos heredaron los que pretendían vender la patria. ¡Que Viva Honduras!”.
El empresario fue abordado por un “tuitero” que consultó sobre una negociación de los inversionistas con el Gobierno para adaptarse a los regímenes ya existentes; Facussé le respondió que los dueños de las ZEDE debían flexibilizar sus posiciones “para buscar acogerse a los regímenes vigentes. Lo sabían desde el inicio pero por necedad no quisieron aceptar. Se les advirtió. Salvo su verdadero propósito siempre haya sido demandar al Estado por lucro”.
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Esta respuesta no gustó a Mazzone que citó la publicación: “Un representante de la Empresa Privada que celebra la aniquilación del Estado de Derecho. Un enano empresarial que con insinuaciones cobardes acusa e insulta gigantes de la innovación de negocio como Andreessen o Thiel. Una plaga y una vergüenza para cada hondureño de bien”.
“Massimo, le reitero mis mejores deseos y mi respeto. Mi postura siempre ha sido la misma. Comprendo q usted tiene una visión distinta, pero no debemos recurrir a denigrar”, respondió Facussé al ataque del italiano.
En la discusión también participo el diputado Umaña (de Salvador de Honduras), quien recordó a Mazzone que ellos eran los más claros para conocer cómo se hizo “este engendro” –con relación a las ZEDE–, “usted pretendía crear un Estado en otro Estado y no le importó en lo absoluto los hondureños y solamente defendía sus intereses”.
“Esa es la realidad y usted sabía que era cuestión de tiempo para retornar el imperio de la Constitución. Lo que mal inicia mal acaba. Le invito a negociar y quédese invirtiendo en las condiciones que todos los extranjeros vienen y no pretendiendo ser un presidentito en una ciudad”, recalcó Umaña.
De forma despectiva, Mazzone respondió: “Hey, genio, lo que Ud llama ‘el engendro’ se dio entre el 2012 y el 2014. Yo llegué en el 2019”. Esto desconociendo que para 2019 ya había argumentos sólidos sobre la ilegalidad de las ZEDE y que éstas nacen de un esquema de corrupción que incluso trajo consigo un golpe técnico al Poder Judicial.
“Es normal no saber nada de las Zedes, tema complicado. Es totalmente irresponsable gritar opiniones aún quedándose en ese estado de ignorancia”, dijo Mazzone al diputado.
Según el comisionado presidencial contra las ZEDE, Fernando García, “Ciudad Morazán” no tiene claro su rubro y, aunque es defendida con garras por su dueño, el proyecto se asemeja más a una zona residencial; además, el funcionario ha sido contundente al mencionar que estos sitios, tal y como fueron diseñados, podrían involucrar delitos como el lavado de activos.
García también explicó que en diversas reuniones con los “inversionistas” han solicitado la información completa de lo firmado con la anterior administración, con miras a buscar una inducción a los regímenes existentes en el país, pero que éstos les han negado acceder a esos datos.
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