Oficialmente, las campañas políticas de cara a elecciones internas serán habilitadas hasta enero próximo; sin embargo, varios candidatos, sobre todo de la oposición, han comenzado ya con la difusión de sus mensajes a través de campos pagados que, a criterio del comisionado de “Política Limpia”, Emilio Hércules, responde a vacíos legales.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. En un claro desafío a la normativa vigente, varios candidatos presidenciales en Honduras han comenzado a desplegar propaganda electoral de forma indirecta e incluso a través de campos pagados, antes que se haya iniciado oficialmente el período de campaña, según lo estipulado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
El comisionado de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), popularmente conocida como Unidad de Política Limpia, Emilio Hércules, ha manifestado a EL LIBERTADOR su preocupación por estas actividades, las cuales están siendo justificadas por los candidatos bajo el amparo del artículo 245 de la Ley Electoral, que estipula reuniones políticas de carácter privado fuera del período legal establecido.
“La prohibición que ya establece la Ley Electoral se encuentra en el artículo 222, que es sobre el periodo de propaganda electoral que ya indica que se autoriza la propaganda electoral únicamente 50 días previos al día de las elecciones primarias, en este caso sería el 18 de enero del próximo año”, manifestó Hércules.
Uno de los casos destacados es el del aspirante a la presidencia por el Partido Liberal, Jorge Cálix, quien organizó un encuentro el pasado sábado con simpatizantes en el departamento de Olancho, en un espacio abierto y que fue transmitido como “campo pagado” en canales de la Corporación Televicentro.
“El campo pagado, así como la cobertura de notas de prensa o los espacios abiertos para que se manifiesten los precandidatos, son espacios grises en la ley que no están contemplados expresamente, entonces ellos siguen ahí, amparados en el artículo 245 y siguen también teniendo la obligación de rendir cuentas ante la Unidad sobre los costos en los que incurre la el movimiento interno para poder pagar estos espacios”, dijo el comisionado.
Hércules indicó que no solo Calix, sino otros tres candidatos presidenciales de diferentes partidos políticos, han recurrido al uso de campos pagados para promocionar sus movimientos en este período de “silencio”.
“El período de propaganda cuando se incumple, quién debe de velar de velar porque se cumpla a cabalidad, es el mismo Consejo Electoral, debido a que esto se encuentra en la ley Electoral y debe ser este ente quien determine si incurre o no en una falta un candidato al incumplimiento del periodo de propaganda electoral”, cuestionó.
El comisionado señala que la UFTF, está supervisando las actividades que realizan los candidatos presidenciales y cuantificando el gasto de los espacios pagados, además señaló que los candidatos deben de presentar comprobantes de los gastos y acreditar de dónde obtuvieron los fondos y especificar si el aportante es una persona natural o una persona jurídica, lo anterior para asegurar que sean de origen lícito.
Hércules espera que Cálix se presente ante la UFTF el próximo 8 de septiembre para acreditar su cuenta bancaria y responsable financiero, además de presentar un informe detallado sobre los gastos durante el período de bancarización.
El comisionado reiteró la necesidad de que la UFTF obtenga independencia del CNE para poder actuar conforme a la ley, y espera que el Congreso Nacional apruebe esta separación para el próximo proceso de elecciones primarias, permitiendo a la unidad operar con total independencia y bajo el rigor de la ley.
Este rotativo también se comunicó con Julio Navarro, consejero del CNE, quien subrayó que, aunque se debe aplicar la ley con las evidencias de la propaganda electoral “prematura”, lamentablemente, el CNE no tiene la fuerza necesaria para sancionar estas acciones.
Con relación a esto, Hércules enfatizó que es el CNE quien debe determinar si los precandidatos han incumplido la ley y, en consecuencia, aplicar las sanciones correspondientes.
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