“Yo siempre he dicho que ante una acción hay una reacción”, explicó el abogado criminalista, Gonzalo Sánchez, quien es del criterio que los últimos hechos violentos suscitados en el país, pueden ser una estrategia del crimen organizado para sabotear el actuar de autoridades policiales.
En tanto, el abogado Wilfredo Rubio también opinó que en las últimas masacres se ha evidenciado negligencia ante la falta de un proceso de investigación más dinámico, pero no duda que los intereses de sectores oscuros jueguen un papel importante en la perseverancia del crimen, sobre todo, cuando se toma en cuenta los millones que generan de la extorsión.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La lucha que el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro emprendió contra el crimen organizado fue una de las políticas que generó más expectativas cuando tomó posesión el 27 de enero del 2022, antecedida por altos índices de homicidios y por haberse entronizado en los poderes del Estado el narcotráfico a través de su antecesor, Juan Orlando Hernández (JOH) –quien guarda prisión en Estados Unidos (EE.UU.) por narcotráfico– y sus socios.
Los primeros dos años de Castro al frente del Ejecutivo trajo políticas como el Estado de Excepción en los sectores de mayor vulnerabilidad al crimen organizado en las principales ciudades del país, medida que no ha sido bien recibida por diferentes organismos que han argumentado que los resultados son muy pobres a pesar que la tendencia en la tasa de homicidios ha decrecido, según registros preliminares de la Policía Nacional.
Sin embargo, los crímenes de alto impacto siguieron ocurriendo, destacando el asesinato del hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa y la esposa del narcotraficante Nery López Zanabria (dueño de las narcolibretas que condenaron a “Tony” Hernández y JOH, quien fue asesinado en una prisión hondureña de máxima seguridad) y que presuntamente pudo haber sido testigo en el juicio contra JOH. Asimismo, entre junio y lo que llevamos de julio, hechos como el rapto de cinco jóvenes en una colonia de la capital y posteriormente asesinados han conmovido a la sociedad, así como otras masacres.
Al respecto, el abogado y criminólogo, Gonzalo Sánchez, dijo a EL LIBERTADOR que: “No se puede obviar que el índice de homicidios ha bajado en el país, lamentablemente yo siempre he dicho que ante una acción hay una reacción. Usted sabe que la policía le ha pegado fuerte golpes a las estructuras, tanto del narcotráfico como de la pandillas y entonces claro, ellos privan de su libertad a personas de repente inocentes que no tienen nada que ver, con el propósito de causar terror en la población y mandarle un mensaje tanto al Gobierno de la República como la Secretaría de Seguridad”.
El togado extendió que en Honduras también hay fenómenos extraños, donde el crimen parece “desaparecer”, pero que luego emerge de forma violenta, como en la presente semana que se han documentado dos masacres, donde seis hondureños perdieron la vida. Y, aunque el Gobierno ha orientado una lucha frontal, la realidad es que la inseguridad sigue siendo un problema real en el país.
“Recordemos que son estructuras que tienen muchos recursos, me refiero a dinero, logística, entrenamiento, entonces la estructura no es fácil. Yo creo que aquí siempre está trabajando la policía. Yo pienso que la Policía Militar y la Fuerza Armada están haciendo lo que pueden, pero necesitamos estamentos jurídicos en el Congreso Nacional, que los políticos se pongan de acuerdo y lanzar la misma política que lanzó el presidente Bukele en El Salvador”, aseveró Sánchez.
Además, destacó que no es fácil erradicar estructuras que llevan desarrollándose dentro del país por alrededor de 40 años, donde según las investigaciones que publicó la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York durante el juicio contra JOH, personas como el exgobernante habrían utilizado maras y pandillas para fines personales y políticos, y en su caso, para sabotear las marchas en su contra cuando sucedió el fraude electoral de 2017 en una reelección ilegal, lo que deja entrever la alianza de sectores oscuros con el crimen organizado.
“Hay que recordar que para resolver un caso, decía Agatha Christie, hay que seguir el hilo del dinero. ¿Cuánto representa la extorsión? 18,000 millones, ¿por dónde pasa ese dinero? ya todos sabemos cuál es el camino de la ruta del dinero”, sentenció el abogado y criminólogo, Wilfredo Rubio, en una entrevista con EL LIBERTADOR.
Rubio desglosó que no es tarea fácil hacer un hilo conductor sobre el porqué de los últimos sucesos violentos, esto deja en debilidad el sistema de investigación criminal del país. El togado también cuestiona las estadísticas de homicidios, ya que si bien puede que haya una baja en los hechos violentos en el país, también está el tema de inseguridad, que engloba otras categorías.
“Siempre me dicen: ‘Ni México ni Colombia pueden pelear contra el narcotráfico contra los carteles’ y está bien, no le voy a negar eso, pero qué se puede hacer o cuál sería el gran éxito dentro del Gobierno de Honduras y la política, que se evite de participar en lo más posible [con el crimen organizado] ¿cuál va a ser el mejor Gobierno? el que sea menos contaminado, porque no vamos a detener a un monstruo transnacional pero sí podemos hacernos a un lado y no significa dejar hacer, dejar pasar, significa tratar de no contaminarnos y luchar con los recursos que tengamos”, ejemplificó.
DERECHO PENAL DEL ENEMIGO
El togado hace énfasis en buscar un nuevo modelo de seguridad, exponiendo que el Derecho Penal del Enemigo, como teoría en la cual se basó el presidente salvadoreño, Nayib Bukele para llevar a cabo su radical lucha contra el crimen organizado, representa una opción que cualquier Gobierno pueda emularlo.
Partiendo que Honduras vive bajo un contrato social que se rige a partir de la Constitución de la República, Rubio explicó que la teoría del Derecho Penal del Enemigo hace énfasis en que la persona “que no cumple con el contrato social no tiene los mismos derechos”, contrarrestando así los discursos de la comunidad internacional y derechos humanos que se oponen a una mano dura contra el crimen organizado.
“Ahí es donde entra la voluntad de las personas que están dentro de la política y no solo los que mandan, sino los que hacen oposición porque a veces los que mandan de repente dan un paso adelante, pero hay oposición y yo hablo así porque la seguridad no tiene ideología. Creo que el pueblo debe entender que debe hacer a un lado de la ideología y centrarse en la seguridad”, concluyó el abogado.
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