Sobre el debate acerca de la construcción de una cárcel en las Islas del Cisne, desde el oficialismo se ha declarado que la oposición al proyecto se ha gestado por intereses geopolíticos de Estados Unidos, incluso por influencia del crimen organizado.
La cárcel en la zona insular, a criterio de expertos, afectaría duramente al crimen organizado en el sentido que, para familiares, sería difícil hacer visitas a sus allegados, así como la dificultad para continuar operaciones desde el interior de los centros carcelarios.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La polarización en torno a la construcción de una cárcel de máxima seguridad en las Islas del Cisne –ubicada en del departamento de Islas de la Bahía, colindante con Gracias a Dios– ha causado división en la opinión de los que consideran necesario la instalación del centro penitenciario y los que alegan será un “ecocidio”, es decir, un daño masivo y la destrucción del ecosistema.
Al respecto, el Secretario de Recursos Naturales (MiAmbiente), Lucky Medina, se refirió al tema afirmando que la construcción de la cárcel cumple con todo los parámetros legales que la jurisdicción hondureña establece en materia de cuidado ambiental y que el debate en torno al proyecto no se gesta desde una visión científica sino política.
Medina cuestionó a los expertos en contra del proyecto de que nunca se pronunciaron cuando “construyeron las cárceles sin licencia ambiental y las narco carreteras” durante la gestión del nacionalista Juan Orlando Hernández (2014-2022) y les criticó que “avalaron la destrucción del lago de Yojoa”, así como el silencio con los daños en El Merendón; por lo que “no tienen legitimidad para venir a reclamar hoy”.
“Dijeron [la oposición] que teníamos que hacer la investigación completa porque era un área protegida, hicimos la investigación completa y la verificación en las ediciones del Diario Oficial La Gaceta, la declaratoria de las Islas del Cisne 30-56 de 1991 [y] nunca se publicó en La Gaceta. Islas del Cisne, como lo digan o lo intenten disfrazar, no tiene estatus legal de zona protegida”, señaló Medina.
En cuanto al tema de seguridad, el director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Ramiro Muñoz, elevó que la cárcel es totalmente necesaria y que “el favor de las mayorías debe predominar sobre el resto». Durante su intervención en el foro Libertad y Poder del canal del Gobierno, recalcó que “los 10 millones de hondureños tienen más derechos que unos cuantos miembros de organizaciones criminales del país» y que, «en nuestra tierra, nosotros podemos decidir qué nos conviene», enfatizando que el Estado es el único que puede proteger a estas familias, “y por eso estamos aquí”.
FALLARON CÁRCELES DE JOH
Las cárceles de máxima seguridad, empezaron a instalarse durante la administración de Juan Orlando Hernández (2014-2022), tanto la de Siria en El Porvenir, Francisco Morazán; “El Pozo” en Ilama, Santa Bárbara y “La Tolva” en Morocelí, El Paraíso, han documentado al menos 30 muertos y múltiples reyertas.
Incluso, la muerte del narcotraficante Nery Magdaleno Meza –dueño de las narcolibretas que condenaron al ex mandatario Hernández– dentro de “El Pozo”, donde desde la Fiscalía de Estados Unidos, se responsabilizó a la cúpula cercana al ex gobernante.
Asimismo, “La Tolva” ha representado un problema para los pobladores de Morocelí, Karla Hernández (pseudónimo) dijo a EL LIBERTADOR que desde que se aperturó esa cárcel, el crimen en el sector ha aumentado. Se especula que miembros del crimen organizado se instalaron en el sector para mantenerse cerca de sus familiares y “compinches”.
“Con la llegada de esa penitenciaría si ha incrementado la delincuencia en Morocelí porque se han visto cosas que antes no se miraban, por ejemplo, más asaltos, han matado personas, han secuestrado, llega gente extraña a las comunidades y también han llegado maras. Allá en Morocelí hay mareros, cosas que antes no se miraban. Se supone que también extorsionadores. Entonces si ha habido un cambio”, señaló.
CRIMEN Y POLÍTICA
“Es de Vox Populi que el crimen organizado siempre ha existido en las cárceles de nuestro país, de ahí han seguido surgiendo órdenes de operatividad con el fin de seguir la extorsión y la influencia de estos grupos del crimen organizado, también conocidos como maras y pandillas, obviamente van a querer desarticular cualquier situación que lleve a la construcción del centro penal en la Isla del Cisne”, afirmó a EL LIBERTADOR el abogado José Zuniga.
El jurista también recuerda los vínculos del crimen organizado con la política, especialmente con el Partido Nacional cuando lo encabezó el mandatario Hernández, que durante su juicio, quedó evidencia de sus nexos con maras, específicamente con cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13).
“También es de conocimiento popular, cómo el hecho de que las maras y pandillas se han introducido en ciertos sectores políticos de nuestro país y que quedó al descubierto con los documentos filtrados y desclasificados de la Fiscalía Sur en la acusación propiamente que tuvo el señor Juan Orlando Hernández “, añadió.
INTERÉS GEOPOLÍTICO
Al radar del debate entró el contexto histórico que las Islas del Cisne representaron, como una zona clave, para Estados Unidos, la cual estuvo en su poder hasta 1973. Sin embargo, aunque perdieron la soberanía, la continuaron usando para operaciones especiales bajo el poder de la CIA contra los gobiernos de Cuba y Venezuela, entre otros. También se ha reportado que la zona podría ser poseedora valiosa de recursos naturales, como el petróleo y que incluso, podría ser explorada con esos fines por empresas rusas.
Aún así, el tema de la construcción de una cárcel en el Cisne, “sin duda alguna no debería de ser de interés particular para Estados Unidos en vista que son temas estrictamente de país”, opinó el togado. También añadió que el contexto de EE.UU. en Honduras no es favorable y se puede leer en las constantes visitas de la jefa del Comando Sur, Laura Richardson. “De a poco va queriendo nuevamente recuperar la influencia sobre estos países”, señaló.
También, el abogado criminólogo, Gonzalo Sánchez, dijo a EL LIBERTADOR que la construcción de la cárcel no lo considera necesario en el contexto del daño ambiental considerable, sin embargo, no descarta el contexto geopolítico de la región, “aunque si pensamos con cabeza fría, hay que considerar el daño ambiental”.
El togado puso el ejemplo del penal de Isla San Lucas, Costa Rica, un centro carcelario que operó en el sector desde finales del siglo XIX hasta 1991, pasando a ser un centro turístico, siendo un refugio de vida silvestre y posteriormente como parque nacional.
Sánchez finalizó alertando al Gobierno para que trabaje bajo un esquema de planificación sólido, en el cual, la nueva cárcel no termine siendo un “elefante blanco”, es decir, una edificación costosa que termine siendo abandonada. Asimismo, sugirió ideas de una reforma social para erradicar la violencia en la sociedad que incluso, está visible en la esfera política.
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