HONDUREÑOS RECLAMAN CASTIGO PARA GOLPISTAS A 15 AÑOS DEL CRIMEN Y TRAICIÓN

El 28 de junio de 2009, la clase político–empresarial hondureña bajo dirección de EE.UU. consumó el primer golpe de Estado del siglo XXI, la mayor expresión de maldad y de destrucción contra una Nación.- Este crimen ha sido catalogado por expertos como “prueba de laboratorio” para lo que después sería más derrocamientos de gobiernos en América Latina con modelos distintos a los intereses económicos de Washington y sectores conservadores locales.

El mundo entero condenó el acto. Cientos de hondureños murieron a manos del ejército y las fuerzas policiales. Aún sin justicia, a criterio del defensor de derechos humanos Joaquín Mejía, la sociedad hondureña no supera los efectos del infame suceso, mientras que el abogado Rodil Rivera reflexiona que la justicia para los golpistas llegará.

Redacción Central / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. El golpe de Estado de 2009 significó un retroceso de 30 a 40 años para Honduras, subrayan defensores de derechos humanos. Los gestores intelectuales y materiales del crimen continúan impunes y cientos de hondureños murieron buscando justicia. A criterio de analistas consultados por EL LIBERTADOR, los daños ocasionados por el acto continúan teniendo repercusiones en la actualidad, incluso, la unidad de la sociedad hondureña empezará con el castigo a los golpistas.

A más de 15 años del hecho, el abogado y defensor de derechos humanos, Joaquín Mejía, afirmó que las heridas del golpe de Estado siguen abiertas en la sociedad hondureña, que no solo vio violentados los derechos constitucionales de todo un pueblo, sino que también sirvió como plataforma para la instalación de una narcodictadura que en 12 años causó dolor, sufrimiento y multiplicó la miseria en Honduras.

“El golpe de Estado representó una ruptura muy importante dentro de la sociedad hondureña y es una ruptura en dos sentidos; por un lado, rompió el pacto social, es decir la Constitución, que era el documento que guiaba o que servía de norte para construir un Estado de Derecho y un país democrático, pero se rompió y, por otro lado, también hay una ruptura en el tejido social porque la sociedad hondureña se dividió”, explicó el abogado y experto en Derechos Humanos, Joaquín Mejía.

A criterio del togado, cuando sucesos de esta magnitud tienen lugar, el proceso de sanación tiene solo un camino, y es mediante un proceso de justicia transicional enfocado en dos puntos: que se repare a las víctimas individuales y que se investigue y sancione a los responsables de cometer delitos de lesa humanidad.

“La importancia de juzgar a los responsables del golpe de Estado y de las graves violaciones a derechos humanos que se cometieron, es una cuestión de dos cosas, uno [es que] se fortalece la institucionalidad democrática cuando los crímenes no queden impunes y dos, se evita la repetición de los hechos”, afirmó el abogado.

Mejía hace énfasis en la necesidad de reforzar un mensaje claro: no se puede seguir tolerando más golpes de Estado cuyas repercusiones directas las sufre la sociedad. Por ello, es necesario castigar a quienes llevan a cabo estas acciones, como sucedió recientemente en Bolivia, donde el general que intentó romper el orden constitucional se encuentra en prisión.

“Lo más lamentable y  más grave, para que miremos la debilidad de nuestra institucionalidad, es que un general golpista como Romeo Vásquez Velásquez, enemigo de la democracia, se presenta sin ningún problema a elecciones a través de un partido político que él crea y se pasa por todos los platós de televisión hablando sobre democracia cuando él es un golpista”, criticó el togado.

Cuando Zelaya fue derrocado, la respuesta de la sociedad fue inmediata. El Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) nació como un brazo defensor del pueblo, y la criminalización de sus miembros dio lugar a un sinnúmero de mártires. Para el reconocido abogado constitucionalista Rodil Rivera, “en algún momento serán enjuiciados los autores intelectuales de este golpe”, aunque la polarización de la sociedad hace que esto sea difícil actualmente.

“Los conservadores hondureños son primitivos, todo lo quieren resolver con la violencia […] Nunca en la historia ha habido una reacción tan importante como la que hubo cuando la resistencia el mismo día del golpe. Fue uno de los movimientos más importantes en el mundo. Llegaban estudiantes, profesores, periodistas de Europa y nos contaban que hasta en las universidades de allá se estudiaba el tema de la resistencia en Honduras”, recuerda Rivera.

La llegada del partido Libertad y Refundación (Libre) al poder, de la mano de la esposa del derrocado Zelaya, Xiomara Castro, es clave para la recuperación del Estado de derecho, reflexiona Rivera, calificando de correcta su ideología de considerarse un gobierno de transición.

“Nunca había llegado un partido de izquierda al poder en Honduras, nunca, primera vez. Entonces cuando empiezan los cambios es cuando la oposición, como le digo, primero quiso actuar a través de un nuevo golpe de Estado y fracasaron. Estas fuerzas conservadoras actúan desde que el gobierno consiguió aprobar la ley especial de energía, que detuvo la privatización de la energía eléctrica”, explicó el togado.

Las extensiones del golpismo representan un peligro para cualquier proyecto político que pueda ser obstáculo para la agenda de los grupos de poder. Para Rivera, esto se ha visto reflejado en las políticas del actual gobierno, algunas de las cuales se han mantenido como proyectos, como el caso de la justicia tributaria, pero que ha generado malestar en estos grupos.

Como antecedente, Rivera se refirió al gobierno de Manuel Zelaya y cómo las medidas que realizó, como el aumento del salario mínimo, crearon esa atmósfera que terminó gestando el golpe de Estado, por lo que ve con mucha importancia la continuidad del actual proyecto político.