A pesar que el Instituto de la Propiedad (IP), es un ente que depende del Poder Ejecutivo –que ha anunciado una intervención profunda por gastos irregulares–, el diputado y precandidato presidencial del Partido Libre, Jorge Cálix, afirmó que se trata de una “persecución política” porque “quieren despedir a la gente que yo puse”.
Cabe recordar que tras el conflicto en el Congreso Nacional en 2022, la coordinación general del Partido Libre y autoridades del Gobierno Central, firmaron un acuerdo con el congresista para que éste tuviera influencia en tres instituciones estatales, entre ellas el IP.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El precandidato presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre) y actual diputado, Jorge Cálix, ha calificado como “persecución política” la orden de la presidenta de la República, Xiomara Castro, sobre la intervención al Instituto de la Propiedad (IP) por supuestas irregularidades.
La presidenta Castro tomó la determinación de intervenir el instituto ante las irregularidades en el manejo de fondos, identificando que la entidad gastó más de 18 mil millones de lempiras de manera irregular en el financiamiento de construcciones de viviendas, gastos publicitarios y supuestas obras sociales.
Sin embargo, el diputado Cálix, en su visita al Ministerio Público (MP), negó categóricamente las acusaciones de irregularidades en las erogaciones del presupuesto de la institución.
“Quieren despedir a la gente que yo puse. Estoy claro de la persecución que siempre me montan. Me molesta que se involucren a terceros que no tienen nada que ver con la política. Si el problema es conmigo, deberían dirigirse directamente a mí”, declaró.
Asimismo, Cálix, se refirió a los 1,000 millones de lempiras que mencionó la presidenta Xiomara Castro, justificando que esos fondos eran parte de los compromisos del Gobierno anterior al IP.
Y, es que, según Cálix, “el Ministerio Público ya lo está investigando, antes de que la unidad encargada de administrar el fideicomiso cerrara por completo, estuvo por espacio de cuatro meses en dicha unidad, se llevaron copias de todos los contratos, de todas las garantías, de las supervisiones, de absolutamente todo. Si quieren ir de nuevo y llevárselo todo, eso es lo correcto”.
Asimismo, el dinero fue utilizado para pagar deudas adquiridas durante la administración anterior y aseguró que no se suscribieron contratos nuevos para fideicomisos, además, mencionó que, en todo momento, la Secretaría de Finanzas estuvo al tanto de los fideicomisos.
En este sentido, el secretario Privado de la Presidencia, Héctor Zelaya, cuestionó las acciones del diputado tras el anuncio de la intervención del IP: “Tampoco entendemos por qué, al hecho que la presidenta haga la denuncia de un acto de corrupción, salga el diputado Cálix a defenderse o se dé por aludido. En este caso, son las instituciones las que deben actuar sobre esta denuncia de la presidenta de la República, no es una denuncia de un ciudadano en la calle”.
“Esto no se trata de Jorge Cálix, me imagino el tratar de llamar la atención, pero eso no quita que haya un acto de corrupción en el IP y la presidenta ha anunciado la intervención, ha informado al pueblo hondureño sobre esta situación”, destacó Zelaya.
Zelaya sentenció que, ante la denuncia de este acto de corrupción, se debe actuar con la seriedad del caso, llevando a cabo las acciones pertinentes para esclarecer estos hechos y perseguir el delito.
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