La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, emitió un comunicado refiriéndose a la situación del exmandatario Juan Orlando Hernández, recientemente declarado culpable de delitos relacionados al narcotráfico en una Corte de Nueva York.
La mandataria enfatizó que la justicia comenzó desde el momento que el pueblo hondureño decidió sacarlo del poder a través de las urnas, derecho que se les había prohibido anteriormente con dos fraudes electorales (2013 y 2017).
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Comunicado integro:
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
Ex Presidente Juan Orlando Hernández fue extraditado y declarado culpable por Estados Unidos, sólo después de que el Pueblo lo derrotó en las urnas
El expresidente Juan Orlando Hernández fue extraditado y declarado culpable por Estados Unidos por el crimen de conspiración para traficar 500 mil kilos de cocaína durante los años 2004-2022, y fue calificado como un narcotraficante a gran escala que, desde la Casa Presidencial, “abusó de su poder, explotó el sistema político para el narcotráfico, usó el ejército y la policía; y protegió a la gente que lo hizo Presidente …”
El fracaso del Sistema de Justicia Hondureño y su complicidad con el crimen organizado, ha quedado al descubierto y plenamente demostrada su impunidad, así como lo denunciamos públicamente durante largos años, desde la resistencia y ante la comunidad internacional, que, en gran parte, nos dio la espalda y le brindó apoyo a la narco dictadura.
Hoy nuevamente se comprueba que, quienes asaltaron el poder el 28 de junio de 2009, secuestraron el Estado en complicidad con el sistema judicial para delinquir y someter al Pueblo con represión a elecciones ¡legítimas en noviembre de 2009; y a sangre y fuego nos asestaron fraudulentos procesos electorales en 2013 y 2017, apoyados por la Unión Europea y los Estados Unidos.
La escalofriante confesión de crímenes de lesa humanidad, el asesinato del Zar contra la droga Arístides González, Alfredo Landaverde, los fiscales Orlan Chávez, Marlen Banegas y Olga Eufragio; el periodista Anibal Barrow, y el prisionero Magdaleno Meza, Erika Julissa Bandy García y centenares de personas ejecutadas a sangre fría; así como la escandalosa corrupción público privada que denunciamos durante toda la década, son hechos de terror confesados por los propios autores y colaboradores, que han conmovido al Pueblo y de los que jamás aceptaremos que permanezcan en impunidad.
Mi gobierno del Socialismo Democrático, por mandato masivo del Pueblo en las urnas; reclama justicia no venganza. La resistencia tiene sed de Justicia, y hace honor al espíritu de nuestros mártires caídos durante 12 años 7 meses de lucha en las calles hasta que derrotamos la dictadura.
Esta élite de gánster que asaltó el poder junto a sus cómplices, deben pagar por sus crímenes, ser investigados y juzgados sin los obstáculos que utilizan para enredar o burocratizar la justicia.
Es imperativo desmantelar la organización criminal que sigue operando y fue montada por las cabezas condenadas en el extranjero.
El pueblo sabe que asaltaron el poder por las armas, mataron, traficaron, sobornaron y a partir de allí, empresarios y políticos aprobaron contratos y concesiones onerosas y a eso le llamaron Estado de Derecho, seguridad jurídica y principio de legalidad; lavaron dinero y se enriquecieron ilícitamente valiéndose del Estado. La mayor parte de estos delitos están impunes.
Mi Gobierno ha asumido con responsabilidad el programa de la refundación nacional, la democracia y la integración de los poderes del Estado, eligiendo con férrea e irracional oposición la Directiva del Congreso Nacional, Corte Suprema de Justicia y Ministerio Público. La traición de las cúpulas políticas incrustadas en todas las instituciones es permanente y estamos enfrentándola con el retorno al orden democrático y constitucional, reconstruyendo con transparencia las finanzas públicas, cumpliendo los compromisos sociales, construyendo infraestructura abandonada en educación, salud y carreteras, y asumiendo con responsabilidad ciudadana el combate a la corrupción, el pago al día de los subsidios a los combustibles, la energía, y la grosera deuda producto del saqueo al que fue sometido el Estado.
Conmino al Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia a actuar con plena independencia frente a los criminales que traicionaron la Patria vendiendo nuestro territorio en las ZEDE, frente a quienes rompieron el orden constitucional, asesinaron impunemente, robaron, traficaron con drogas y dictaron ilegal sentencia para la reelección de Juan Orlando, sin ningún castigo. Las arcas de la administración pública fueron saqueadas en perjuicio del Estado y de la sociedad. Todos estos criminales deben ser investigados, sometidos a juicio público y condenados con todo el peso de la ley. No hay excusa, se debe actuar implacablemente contra el crimen.
Los enemigos del Pueblo que antes le aplaudían están agazapados y continúan impunes ante la condena que pesa sobre ellos. Tenemos que aprender a identificarlos.
Tegucigalpa, M.D.C viernes 8 de marzo de 2024
Gobierno de la República
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