El juez Kevin Castel habilitó la Ley de Procedimientos de Información Clasificada (CIPA, por sus siglas en inglés), para que la Fiscalía discuta con los abogados de Juan Orlando Hernández (JOH), un resumen de los documentos clasificados que contienen información que podría comprometer la seguridad nacional del norteamericano país.
En ese sentido, el experto en derecho internacional, Rafael Maradiaga, explica a EL LIBERTADOR que este mecanismo se utiliza en casos donde la parte acusatoria y la defensa, discuten la información clasificada para su posible uso en las audiencias, de forma en que puedan evitar revelar detalles sensibles.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El juez de la Corte del Distrito Sur, Kevin Castel, encargado del juicio contra el exmandatario hondureño, Juan Hernández, registró una orden de la Ley de Procedimientos de Información Clasificada (CIPA, por sus siglas en inglés), donde autoriza a Estados Unidos a presentar resúmenes de información clasificada bajo esta orden.
En ese sentido, la Fiscalía debe proporcionar versiones redactadas de la información solicitada por la defensa, en lugar de revelar detalles completos que se consideran clasificados.
Al respecto, el abogado especialista en derecho internacional, Rafael Maradiaga explica a EL LIBERTADOR que este mecanismo se utiliza en casos donde la parte acusatoria y la defensa, discuten la información clasificada para su uso en las audiencias para evitar revelar detalles sensibles.
“Esto puede incluir desde la fase de descubrimiento hasta el juicio mismo, esta se puede resumir y utilizar en el juicio sin revelar detalles sensibles al público o a quienes no tienen la autorización necesaria para verla”, agregó.
El togado amplió que esta medida busca crear un filtro para evitar riesgos a la seguridad nacional de Estados Unidos y proteger los secretos de Estado, al tiempo que garantiza que el proceso legal avance con la información necesaria, y por ello, se trata de un resumen de todos los documentos clasificados.
Por otro lado, la solicitud de la Fiscalía de Nueva York para sesiones en el Centro de Información Compartimentada Sensible (SCIF), después de la selección del jurado en el caso de Hernández, sugiere que se manejará información clasificada durante el proceso.
“Un SCIF es una instalación aprobada para manejar información clasificada, donde almacena datos sensibles incluida la presentación de pruebas clasificadas durante el juicio, es posible que la información clasificada se utilice en el contexto de una negociación de la culpabilidad de Hernández, esto dependerá de los detalles específicos del caso y las estrategias legales de las partes involucradas”, enfatizó Maradiaga.
El profesional del derecho menciona que un abogado autorizado por la Corte se puede reunir con Hernández en un SCIF, para que el Tribunal luego celebre una audiencia clasificada, seguida del tiempo requerido para que se emita una sentencia escrita y proceda con la presentación de pruebas en el juicio.
La abogada Sabrina Shroff ha sido designada para garantizar los derechos de defensa del exmandatario, asegurando el acceso a toda la información exculpatoria relevante para el caso, cuyo perfil público revela una vasta experiencia en casos relacionados con la Ley CIPA.
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