Esta mañana, el titular de Seguridad del Estado, Gustavo Sánchez, informó el arresto de dos excongresistas del Partido Nacional, acusados por fraude contra la administración pública: Carlos Guevara y la controversial Sara Medina, ésta última ya había sido enjuiciada por el caso “Pacto de Impunidad” junto a Antonio “Toño” Rivera.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. En horas de la mañana, la Policía Nacional (PN) dio captura a tres de los presuntos implicados en un acto de corrupción que drenó más de 42 millones de lempiras del Congreso Nacional, a través de la oenegé denominada Asociación de Jóvenes para el Desarrollo Integral de Honduras (AJOPADIH).
Entre los arrestos, figura la exdiputada del Partido Nacional, Sara Medina, quien en 2018 había sido acusada por el Ministerio Publico y la extina Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción y la Impunidad en Honduras (UFECIC) –ahora UFERCO– por el caso Pacto de Impunidad junto con Antonio “Toño” Rivera.
En ese caso, “Toño” Rivera recibió sobreseimiento definitivo en todos los cargos; sin embargo, Medina permaneció con causa pendiente por falsificación de documentos y no fue hasta que concilió con la Procuraduría General de la República (PGR) en 2019, que quedó “libre”.
Medina, fue incluida en la lista Engel, de políticos señalados en corrupción; sin embargo, dijo que esa sanción era por haber firmado un decreto “al cual estaba obligada a realizar porque es parte de mi responsabilidad parlamentaria”.
Su esposo, Héctor Iván Mejía, ex comisionado de la Policía Nacional, en enero de este año se le incautaron varios millones de lempiras y u aproximado de 12 inmuebles por un aumento injustificado en su patrimonio entre los años 2015 y 2019.
La exdiputada, que pasó sin pena ni gloria por el Congreso, ganó connotación por cuestionar las causas de violencia sexual contra las hondureñas; “habría que ver por qué violaban a las mujeres”, dijo Medina.
El otro detenido es Carlos Roberto Guevara, exdiputado suplente por Copan, quien fungía como gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en occidente.
En 2015, el excongresista denunció que el secretario de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), Roberto Ordoñez, le pidió un millón de lempiras a cambio de un puesto en el actual gobierno.
El tercer detenido es el director del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), José Rogelio Sánchez, que según la investigación de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), junto a los exdiputados participaron en el ilícito.
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