Diversas organizaciones han demandado celeridad en el proceso judicial sobre los decesos de Inti Sotelo y Bryan Pintado, quienes marcharon en 2020 contra el exmandatario Manuel Merino.
Agencias / EL LIBERTADOR
El 14 de noviembre se cumplen tres años de las muertes de los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado en las protestas en Lima contra la investidura de Manuel Merino como presidente de Perú. Un periplo en el que no se ha registrado ninguna condena.
Desde 2021 hay 11 policías en condición de imputados y este martes Carlos Rivera, abogado de Sotelo, pidió a la Fiscalía que las pericias balísticas la realicen peritos del Instituto de Medicina Legal y no agentes policiales, refirió el diario local La República.
«Estamos en un caso en el cual las autoridades políticas, los investigados y el Ministerio del Interior han afirmado que ellos nunca usaron perdigones de plomo, pero se ha verificado que sí se usaron, a pesar de que el coronel [Percy] Tenorio presentó una pericia de parte asegurando que la causa de la muerte de Inti y Bryan no es consecuencia de disparos de escopetas de la policía, sino de terceras personas, sin identificar a nadie«, dijo.
Por su parte, la oenegé Amnistía Internacional (AI) denunció que «las investigaciones para encontrar a los responsables han enfrentado obstáculos en diferentes niveles» y por lo tanto, «persiste la impunidad».
AI comprobó que durante las manifestaciones los policías «hicieron uso desproporcionado e innecesario de la fuerza, contraria a los estándares internacionales, dispararon municiones directamente contra el cuerpo, y golpearon y lanzaron gas lacrimógeno de manera indiscriminada contra manifestantes pacíficos».
«REPRESIÓN POLICIAL INDISCRIMINADA»
La agencia de noticias internacional, RT, publicó que la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos aseveró en la red social X que hace tres años «el gobierno de Merino ejecutó una represión policial indiscriminada contra jóvenes que lucharon por su país y que protestaron en defensa de la democracia».
En este contexto, exigió justicia y celeridad en el proceso judicial, en el marco de una indagación que también contempla más de 200 jóvenes heridos.
Mientras que la congresista Ruth Luque aseguró que «la justicia mantiene una deuda con sus familias y el país para sancionar a responsables y no permitir más impunidad».
«Tres años de impunidad. Por ahora los responsables de los asesinatos de Inti y Bryan se sienten blindados por los políticos«, expresó, por su parte, la exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Anahi Durand.
El caso de Merino
Merino, quien duró menos de una semana como jefe de Estado del Perú, fue absuelto luego de que el Congreso archivara la denuncia constitucional en su contra y contra varios exfuncionarios.
«Este hecho ha impedido que se siga investigando a autoridades cuya obligación era proteger la vida e integridad de quienes ejercían pacíficamente su derecho a la protesta en 2020», pronunció AI.
Incluso en 2022, Merino fue condecorado con la medalla de honor del Congreso.
Deja un Comentario