El primer Fiscal General del Estado, Edmundo Orellana, sin rodeos afirma que los políticos con causa pendiente ante Themis, no pueden seguir imponiendo sus intereses, valorando que eso es lo absurdo del sistema que rige la sociedad hondureña; asimismo, considera que será la primera tarea del nuevo “defensor” del pueblo.
A criterio del analista político, Raúl Pineda, la elección del Fiscal General está compuesta por un pesado ingrediente político, por lo que sugiere analizar una alternativa que no involucre las negociaciones de una desfasada clase política.
Pineda reflexiona que el Ministerio Público estuvo sin funcionar los diez años en que Chinchilla estuvo al frente; igual cuestiona Orellana, que demanda darle una explicación a los hondureños acerca de esa larga ausencia de acción judicial.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Los intereses políticos obscuros siguen impidiendo que diputados del Congreso Nacional, nombre a los nuevos Fiscal General y Fiscal Adjunto, máximas autoridades del Ministerio Publico (MP), el único ente acusador del Estado y “primer defensor” de los hondureños.- En el hemiciclo, se presentaron dos propuestas a debatir, pero a la medianoche del 1 de septiembre, no hubo acuerdos. El oficialismo, integrado por Libertad y Refundación (Libre) y algunos votos particulares, presentó la fórmula de Johel Zelaya y Marcio Cabañas como Fiscal General y Adjunto, respectivamente.- Mientras que la oposición, conformada por el Partido Nacional, Partido Liberal y “Salvador de Honduras”, propuso a Marcio Cabañas como Fiscal General y Jenny Almendarez como Fiscal Adjunto.- Y en el tira y encoge, el Congreso se decantó por utilizar a la Unidad Fiscal Contra Redes de Corrupción (Uferco), potenciarla económicamente y dejarla a cargo del MP; Oscar Chinchilla –saliente mandamás de Fiscalía– preparó maletas y partió rumbo a Nicaragua, días más tarde.
CORTE DEFINE
Con este contexto, el abogado Raúl Pineda, abordado por EL LIBERTADOR, analiza que las elecciones en segundo grado, a manos de los congresistas, están sumergidas en intereses políticos y no se encaminan al bienestar del pueblo hondureño.- El profesional del derecho agrega que la falta de consensos viene a perjudicar la toma de decisiones y desarrollo del país, debilitando la institucionalidad y por ello piensa que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) debe priorizar resolver asuntos que generen vicios de nulidad e inconstitucionalidad, situación que –según él– está a la vista de todos los hondureños. “Creo que hay que escuchar la interpretación de la nueva Corte, pero la constitución es muy clara, establece que el Fiscal General solo dura cinco años. Consideramos que la Corte debe determinar la efectividad de ese artículo, no solamente expresarse ante la elección de los magistrados sino también de los fiscales”.
CAMBIAR SISTEMA
A pesar que la ley es clara en el Capitulo III del Código Penal, denominado “abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios” según Pineda, la falta de consensos es el resultado de la falta de una consolidación democrática que responde a la afiliación y cumplimiento de favores a determinados grupos.- “Desgraciadamente, todos esos cargos de elección popular desde el Congreso Nacional (CN), van pasando por un tapete político, desde la elección del Procurador, Magistrados, Fiscal General, jefe del estado Mayor Conjunto, etcétera”. Y amplia: “No se elige a los funcionarios por los méritos de la persona, sino que se elige por su afiliación política, y que pueda favorecer a uno o a determinados partidos políticos, producto de que no tenemos medios de elección transparentes que puedan determinar la capacidad de las personas para los cargos y eso va a seguir pasando mientras se siga votando de la misma forma”.
INOPERANCIA
Para Pineda, el Ministerio Publico durante los últimos diez años –periodo en que fue Fiscal Chinchilla– se mantuvo acéfalo, es decir, sin cabeza, producto de la permisividad de su titular con el crimen organizado.- Según el analista, durante ese lapso de tiempo la justicia hondureña tuvo que solicitar apoyo de los Estados Unidos para procesar ciudadanos vinculados con delitos, careciendo de políticas encaminadas en fortalecer el ente acusador. “Durante 10 años no tuvimos un Fiscal General, nunca se vio, nunca se vieron las políticas, muchas de las personas que se entregaron a la justicia de Estados Unidos, no fueron procesadas en Honduras”, cuestiona. Pineda recalca que: “La función del Fiscal Adjunto es más administrativa en comparación a la del Fiscal General, que es de combatir los flagelos de la sociedad, pero creo que hechor y consentidor, deben tener la misma pena”.
CAMBIO CULTURAL
Sobre el tema, el primer Fiscal General de la República, doctor Edmundo Orellana, la sociedad hondureña aprendió a convivir con los ambientes de corrupción, por ello, el único parámetro que ve factible para que la población se recupere de años de este sistema que también garantiza la violencia y vulneración a sus derechos fundamentales, es un cambio cultural. Orellana explica que el proceso de elección de las autoridades del MP expone, “la conformidad del pueblo hondureño que se han quedado en un ambiente de “conformidad”.- Plantea que en esta última elección “Se pone en evidencia que el problema no está en los procesos, el problema está en la sociedad hondureña, es una sociedad que tiene una matriz de corrupción, tienen una cultura de corrupción tan arraigada, que se demuestra el hecho de que se eligieron como diputados, individuos que todo mundo sabía que la MACCIH los tenía procesados por corruptos”.
APUESTA EDUCATIVA
Orellana argumenta que, al familiarizarse la sociedad con estos ambientes de impunidad, la corrupción no es un tema que les interese, y apunta que: “La gente no se conmueve por asuntos de corrupción, busca el atajo en lugar del camino correcto. El Poder Judicial, el Ministerio Público, las Fuerzas armadas, la Policía, estuvieron a disposición del crimen organizado y eso a nadie le conmueve, nadie se preocupa de eso, la justicia se toma con las propias manos porque no hay institucionalidad”.- El togado enfatiza que, solamente derribando ese patrón cultural, la sociedad tomara acción ante evidentes actos que atentan contra el Estado de Derecho. “Tenemos que comenzar en las escuelas a revertir ese patrón cultural, para que estos niños no sean como nosotros, que no veamos con banalidad la corrupción y el narcotráfico, que no trivialicemos la justicia, es más que se glorifique”, detalla.
OTRO EXILIO
Chinchilla dejó su cargo y para el domingo 3 de septiembre, partió rumbo a Nicaragua, constituyendo responsabilidad penal, de acuerdo con el Código Penal vigente de Honduras, por nula potestad o facultad de abandonar su investidura como “defensor”. A esta conclusión ha llegado el exsecretario de Transparencia, luego de advertir sobre los alegatos del (MP) y del Fiscal Adjunto, Daniel Sibrián, quienes aseguran siguen con potestad en la institución.- Por eso Orellana dijo que: “Yo entiendo que él (Chinchilla) fue a tomar posesión de un cargo que fue nombrado hace muchos años (2017) como magistrado de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ). Él no está huyendo, sin embargo, el asunto es si tenía la potestad o facultad de abandonar el cargo”.- En el análisis, si los argumentos de las autoridades de la fiscalía son ciertos, Chinchilla estaría incurriendo en delito penal, lo que compromete a Sibrián ya que como titular del MP debe actuar contra Chinchilla y de no hacerlo, sería él quien violente la ley.
DEBEN EXPLICAR
El argumento del togado se sustenta en la figura de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios, desglosado en el Capítulo III del instrumento jurídico, donde señala que: “El funcionario o empleado público que abandona su cargo sin habérsele admitido la renuncia, se sancionará con una multa igual a los tres últimos salarios mensuales que haya devengado y con inhabilitación especial por dos (2) a cuatro (4) años, si el abandono le ocasiona daños al Estado. Si no ocasiona tales daños, la pena será de inhabilitación especial de uno (1) a dos (2) años”. – Asimismo, cita que; “Si el funcionario o empleado público abandona el cargo para no perseguir o castigar cualesquiera de los delitos contra la existencia y la seguridad del Estado o contra la seguridad interior del Estado, se sancionará con reclusión de cuatro (4) a siete (7) años, más inhabilitación especial por el doble del tiempo que dure la reclusión”.
IMPUNIDAD
Sin embargo, esta figura fue modificada en el nuevo Código Penal, apodado el “Código de la Impunidad”, pues el abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios, ahora es desglosada en el Capítulo VIII, artículo 499, donde se establece que: “El funcionario o empleado público que abandona su cargo sin habérsele admitido la renuncia al mismo, debe ser castigado con la pena de inhabilitación Especial para empleo o cargo público de uno (1) a tres (3) años y multa de cien (100) a trescientos (300) días”. Es decir que, en la nueva ley, no existe responsabilidad penal para Chinchilla; empero, el Congreso Nacional ya ha planteado derogar este nuevo Código para construir uno que garantice el trabajo de la justicia. –Bajo este panorama, Orellana es contundente al mencionar que, si Sibrián se presenta como autoridad en el MP, “ya debería estar radicando acciones terminales contra el señor Chinchilla, sino lo hace, él está incurriendo en responsabilidad penal, el asunto es plantearlo en términos asertivos y propositivos”.
EN PROBLEMAS
“Él (Sibrián) está en problemas; es el Fiscal Adjunto, es decir, o procesa al fiscal que se fue, o se expone a que él sea procesado por omitir la acción”, agregó.- Sobre la praxis de “exilio” que ha sido utilizada por varios funcionarios del dictador Juan Hernández –preso en Estados Unidos por narcotráfico–, para escapar de la justicia hondureña, Orellana plantea que lo que corresponde a la autoridad hondureña es actuar según lo tipifica la ley nacional. – “Ese es un problema a resolverse en el camino, aquí lo que debe exigirse al Fiscal Adjunto es que actué, si él quiere ser fiscal, entonces que actué como tal. No importa si hay o no tratados de extradición (con Nicaragua) su función es procesar la acusación criminal. Él nuevo fiscal debe procesar a los fiscales que se fueron sino hacen eso, no se está haciendo nada”, concluye.
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