La Comisión Interventora del Servicio Civil, emitió un informe donde señala que detectó a los 10,000 empleados públicos que no reúnen requisitos académicos ni de ley para sus funciones, éstos fueron contratados en el último mes de la dictadura de Juan Hernández.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La Comisión Interventora de la Dirección General de Servicio Civil, manifestó que ha detectado al menos 10 mil empleados públicos contratados en el último mes de la dictadura del Partido Nacional, y que éstos no reunían los requisitos de idoneidad al cargo.
Según el informe, la institución que quedó a cargo de Gabriel Edgardo Castillo Zelaya, en funciones desde el 20 de noviembre de 2020 luego que en la misma fecha fuera cancelada la actual diputada nacionalista, Merary Elena Díaz, contrató motoristas sin licencia de conducir y “odontólogos” sin título o licencia médica.
“El reporte fue entregado a la presidenta Xiomara Castro para que decida el destino de estos trabajadores aún en funciones dentro del Gobierno”, dijo el subsecretario de Gobernación y titular de la Interventora, Sergio Coello.
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El documento contiene además un diagnóstico real de todas las contrataciones del Gobierno de la presente y anterior administración y propone una auditoría general al Servicio Civil desde julio 2009 para determinar la legalidad de cada contrato de trabajo de los empleados públicos, expuso el funcionario.
“La Comisión sugiere además elaborar una nueva normativa de puestos y salarios para fortalecer el Servicio Civil considerando que se trata del cerebro de la administración pública adonde deben llegar los profesionales de acuerdo a su perfil académico para cada puesto de trabajo”, señaló Coello.
Por otro lado, se comprobó que las instituciones con más contrataciones de activistas del Partido Nacional, antes de ceder el Gobierno a Castro son: Salud, Educación, Finanzas, Gobernación, Migración y Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (Senasa).
El informe revela también que la nueva administración ha contratado a unos 14,000 burócratas “pero cumpliendo los requisitos”. Cabe señalar que el Servicio Civil, seguirá intervenido conforme a lo estipulado en el decreto firmado por la presidenta, luego de un conflicto interno que desembocó en la suspensión del director, Leonardo Bu.
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