El titular del Sistema de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, informó que en 12 la red que gobernó el país concedió privilegios a los más ricos con exoneraciones que, a cambio de precarizar la vida de los hondureños con 14 nuevos impuestos, ascienden en 451,415 millones de lempiras.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Tras la reunión entre el Gobierno y ejecutivos del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), en el marco de socialización de la Ley Tributaria, el titular del Sistema de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, denunció que en los últimos 12 años las exoneraciones fiscales ascienden a 451,415 millones de lempiras.
El monto anterior –explicó– equivale a un monto superior al 116% de la deuda pública, “es decir si no se hubiera otorgado exoneraciones no tendríamos deuda pública y además tendríamos un excedente de 63,000 millones de lempiras”.
En el documento oficial, que el funcionario compartió en redes sociales, el Gobierno denuncia que en 12 años una red de corrupción público-privada, conspiró contra el bienestar de los hondureños, ya que mientras se crearon 14 nuevos impuestos a los más pobres y se persiguió al sector informal (alternativo), “se concedió un feriado tributario a los más ricos”.
Ochoa refirió que el actual sistema tributario hace de Honduras un “paraíso fiscal”, ya que no existió ningún control, auditoria o verificación a los exonerados y se legalizó, mediante decreto, la evasión fiscal a través de amnistías y regulaciones.
El documento señala que: “25 grupos económicos, a través de 137 empresas, acumularon más de 30 mil millones de lempiras; el 50.59% de la totalidad de las exoneraciones fiscales entre 2019 y 2021”.
“La tragedia humana que Honduras ha vivido en esta última década, evidencia el fracaso de este modelo que nos ha heredado 2.8 millones de nuevos pobres y más de 1 millón de exiliados económicos”, cita el texto.
El Gobierno plantea que la nueva Ley Tributaria, transforma la política fiscal en transparencia, la equidad y el combate a la corrupción, y señala que se logrará a través de las siguientes medidas contenidas en el decreto:
1. Eliminar los regímenes de exoneraciones fiscales vigentes para poner fin a su desnaturalización y a los abusos constatados por las empresas beneficiarias. Entre julio de 2009 y diciembre de 2021 se decretaron 11 nuevos beneficios en los regímenes existentes y se crearon otros 6 nuevos regímenes, el valor otorgado en privilegios fiscales suma 451,415.3 millones de lempiras entre junio de 2009 y diciembre 2022, concentrados en su mayoría en pocos grupos económicos. La eliminación de estos regímenes evitará que continué el abuso histórico de un pequeño número de empresas al habilitar la cancelación de beneficios y al eliminar la posibilidad de que nuevas empresas se inscriban.
2. Brindar seguridad jurídica a las empresas y reconocer sus derechos adquiridos sobre los impuestos exonerados durante el tiempo correspondiente, según constate en sus resoluciones de inscripción al régimen; esto sin perjuicio de que se pueda cancelar el beneficio en caso de constatar abusos o incumplimiento de los objetivos contenidos en las leyes.
3. Establecer el marco normativo e institucional adecuado para controlar los abusos de las empresas exoneradas. No existe registro en SEFIN, SAR o Aduanas de que se haya realizado una auditoría o control sobre las exoneraciones fiscales en los últimos 12 años, a pesar de los amplios abusos constatados a lo largo de los años. Con la reforma, SEFIN, SAR y Aduanas realizarán auditorías para cancelar exoneraciones a empresas que han abusado de estas y a empresas cuyo monto exonerado exceda el beneficio retribuido a la sociedad.
4. Crear dos nuevos regímenes de exoneraciones fiscales orientados a desarrollar la industria nacional y a atraer inversión extranjera, diseñados bajo los criterios de mejores prácticas internacionales. Los regímenes vigentes exoneran todos los impuestos existentes, por amplios períodos de tiempo e incluyen otro tipo de beneficios más allá de los tributarios, lo que ha promovido la competencia desleal en los sectores económicos. Los dos nuevos regímenes se otorgarán a impuestos específicos, por un máximo de 10 años y con controles para vigilar que los beneficios obtenidos por la sociedad correspondan con la exoneración otorgada.
5. Cambiar el principio de renta de territorial a mundial para evitar el desvío de utilidades y ganancias de grandes empresas a paraísos fiscales. Entre 2017 y 2023 se dejaron de percibir 57 mil millones de lempiras en impuestos por esta reforma introducida a través del Nuevo Código Tributario. Al aprobarse el cambio de principio de renta, 503 empresas y personas naturales iniciarán a pagar impuestos por los ingresos percibidos del exterior.
6. Eliminar la posibilidad de condonar deudas tributarias para evitar la legalización de la evasión fiscal. Entre 2009 y 2021, el Congreso Nacional aprobó 25 decretos conteniendo amnistías sobre multas y recargos, y regularizaciones para pagar apenas el 1.5% de las deudas generadas por controles o auditorías. El sacrificio fiscal directo fue de 4,961 millones de lempiras, su impacto real es indeterminable al permitir a las empresas maquillar sus estados financieros año con año. Al eliminar la posibilidad de condonar deudas tributarias, las empresas no tendrán más opción que presentar y pagar sus declaraciones, ajustes y multas en tiempo y forma, elevando la percepción de riesgo de impago y consecuentemente la recaudación de impuestos.
7. Eliminar el secreto bancario para fines tributarios introducido en el nuevo Código Tributario y permitir el intercambio de información con el resto de países del mundo. El Código Tributario vigente, en su artículo 72 numeral 4, establece requisitos de información que en la práctica impiden al SAR, en el desarrollo de sus controles, acceder a información bancaria para constatar la evasión de impuestos. Si a esto se suma que el país no intercambia información bancaria ni tributaria con el resto de países del mundo y la existencia de regímenes fiscales considerados perniciosos por la OCDE, Honduras se encuentra a las puertas de ser declarado formalmente paraíso fiscal. Con la eliminación del secreto bancario y la ratificación de la MAAC en el Congreso Nacional el país da pasos importantes en transparencia fiscal y evitar caer en el riesgo de ser declarado paraíso fiscal.
8. Aprobar la figura de Beneficiario Final para evitar que las empresas escondan a los principales beneficiarios de sus utilidades y evadan el pago de impuestos a través de complejas cadenas de propiedad. En 2022, el impuesto sobre la renta pagado por personas naturales fue el equivalente al 7% del pagado por las empresas, lo que evidencia las facilidades que se les han otorgado a los dueños de las empresas para evadir. Con la aprobación de la figura de Beneficiario Final los grandes patrimonios comenzarán a pagar los impuestos que les corresponde.
Deja un Comentario