Esta mañana el titular de la Secretaría de Infraestructura (SIT), Mauricio Ramos, se reunió con representantes de la empresa de capital ecuatoriano, COVI-Honduras, concesionaria de las casetas de peajes; tras el diálogo, el Gobierno informó la creación de una comitiva del Ejecutivo para realizar auditorías en el ámbito fiscal, legal, técnico y a niveles de servicio.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), ha informado en un comunicado de prensa que, tras la reunión de su titular Mauricio Ramos, con representantes de Concesionaria Vial de Honduras (COVI), se determinó que el Gobierno cumplirá las “deudas legales heredadas” en respeto al Estado de Derecho.
Es decir, el Gobierno cargará los 15 años de la concesión otorgada por el régimen de Juan Hernández –extraditado y judicializado en Estados Unidos por narcotráfico–; empero, creará una comisión para resolver conflictos como el reciente con el aumento al cobro de peajes que, ante la controversia, fue revertido.
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Para llevar a cabo este proceso de “arreglo directo” –contemplado en la cláusula 18.12 del contrato de concesión–, se hará solicitud para el acompañamiento de la Secretaría de Finanzas, Procuraduría General de la República, Secretaría de Transparencia, Servicio Administrador de Rentas (SAR) y la Superintendencia de Alianzas Público-Privadas.
Una vez conformada la comisión, se procederá a iniciar la auditoria en el ámbito fiscal, legal, técnico y a nivel de servicio. Cabe señalar que en el documento, se informa que la política del Gobierno es clara: “No más peajes concesionados. No aumentos a las tarifas de peajes”.
A continuación el documento íntegro:
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