La defensa exitosa a favor del Estado de Honduras se libró en una corte federal de EE. UU., internamente fue coordinada por la Procuraduría General de la República (PGR), que rectora Manuel Díaz, con apoyo de abogados externos, Instituto de la Propiedad (IP) y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE); de esta manera, se evitó un fuerte impacto económico negativo contra las débiles finanzas públicas nacionales.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La Corte de Apelaciones de Estados Unidos del circuito 11 para el Estado de Florida, emitió ayer 7 de julio, sentencia en favor del Estado de Honduras, el Instituto de la Propiedad (IP) y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en el caso “Agurcia et al. v. República de Honduras”, presentado en el Distrito Federal medio de la Florida.
Este es un caso judicial en el que los demandantes, aproximadamente 100 inversionistas norteamericanos, alegaban que supuestas expropiaciones por el Estado hondureño, habían disminuido totalmente el valor de sus inversiones, no especificando un monto, pero estimándose este en varios millones de dólares por daños y perjuicios.
Honduras presentó oportunamente ante la corte federal de primera instancia, una moción para desestimar el caso con base a la inmunidad soberana del Estado.- La corte federal otorgó la moción, desestimando la demanda en su totalidad, y, emitió sentencia a favor de la República de Honduras, el IP y la ENEE.
Los demandantes presentaron recurso de apelación contra la sentencia de la corte federal de primera instancia; sin embargo, finalmente la corte de apelaciones adoptó nuestros argumentos, que no hubo expropiación según la ley internacional, que el Estado Hondureño tenía inmunidad soberana y así afirmó la desestimación total de la demanda por la corte de primera instancia.
La defensa exitosa de esta demanda se ha coordinado a nivel interno desde la Procuraduría General de la República (PGR) con sus abogados externos, el Instituto de la Propiedad (IP) y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), evitando un impacto económico negativo a las finanzas públicas nacionales.
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