De 2001 a la fecha, se ha ejecutado cerca de un centenar de periodistas, la mayoría de las víctimas trabajaba en medios alternativos cuya linea editorial era crítica del régimen que se instaló tras el golpe de Estado en 2009 y, sobre todo, en el periodo 2014-2022 cuando el extraditado Juan Hernández tomó el control en Casa Presidencial con fraudes y delitos confirmados.
En este escenario histórico de desprecio a la libre expresión, quedó constancia en órganos de inteligencia internacional que desde el Gobierno se gestó planes para ejecutar periodistas y, ante este ambiente, la nueva secretaria de Derechos Humanos, Natalie Roque, ha confirmado que la nueva administración no ordenará asesinato de comunicadores.
Redacción Central/ EL LIBERATDOR
Tegucigalpa. “Yo le puedo asegurar que nuestro Gobierno no va a operar como un cártel de droga para ordenar el asesinato de personas desde Casa Presidencial”, así de contundente ha reaccionado la titular de la Secretaría de Derechos Humanos (Sedh), Natalie Roque, en entrevista exclusiva para EL LIBERTADOR.
La funcionaria ha recordado que el Partido Libertad y Refundación (Libre), es un partido que nació en las calles, entre luchas sociales y protestas contra la anterior administración de Juan Hernández, y por tanto, creen en el respeto de la libre emisión del pensamiento y el derecho a informar que tienen los periodistas.
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“Entendemos que el derecho de informar no puede ser restringido, aunque en ocasiones se atente contra la dignidad y el honor de quienes hemos asumido esta responsabilidad en el Gobierno. Los periodistas deben hacer auditoria y no podemos coartarlo, mucho menos de forma violenta”, apuntó la defensora de los hondureños.
Empero, reveló que aunque el Gobierno asuma el compromiso de no atentar contra la vida de comunicaciones, no podría dar garantías que en este periodo de Gobierno no haya crímenes contra el gremio, pues el contexto de violencia que atraviesa el país es demasiado alto y salvaje.
Roque ha dicho que comprende estar bajo una condición de poder y que eso expone a todos los funcionarios al escrutinio público, por ello ha afirmado que no considera quejas o señalamientos que no se atribuyan a su labor; no obstante, advierte que si son señalados de acciones que no corresponden o sean comprobables “habrá una reacción”, pero ésta no vendrá acompañada de violencia.
La funcionaria ha sido enfática que actualmente el Gobierno sigue en un camino de reconciliación entre autoridades y sociedad, pero que ésta no implica un “borrón y cuenta nueva” para dejar en impunidad los crímenes contra los hondureños.
Ahondó que se trata de identificar a las víctimas de represiones y demás actos que atentaron contra los Derechos Humanos en Honduras y retribuirlos para deducir responsabilidades.
“Conlleva que (los involucrados) asuman su responsabilidad por graves crímenes, como efectivamente lo hubo por las Fuerzas Armadas, pidieron perdón pero que no se quede solo en el discurso”, enfatizó Roque.
Y sentenció: “Nos hemos reunido con la Junta de comandantes, algo que ha sido muy difícil, créame, no me imaginé estar en el Estado Mayor rodeada de militares cuando les hemos demandado de frente con los nombres de las víctimas muertas por bala, haber estado allí y sentarnos frente a ellos, con este mismo posicionamiento y decirles que no podemos hablar de reconciliación mientras sigan encubriendo a los asesinos”.
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