Tras la divulgación de la Comisión de Extradición del Congreso, donde sugiere un juicio político contra el Poder Judicial, su presidente Rolando Argueta ha reaccionado afirmando que bajo su gestión nunca hubo irregularidades y que por ende todo quedará en difamación pues no se podrá presentar pruebas en su contra.
Redacción Central/ EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El Presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta, reaccionó a través de su cuenta de Facebook a la intención del Congreso Nacional de ejecutar un juicio político contra él y el Fiscal General, Óscar Chinchilla.
“Cada señalamiento necesita la presentación de pruebas suficientes y contundentes sobre las supuestas acciones irregulares, de lo contrario solo tienen el peso de actos difamatorios, lo que implica responsabilidad”, comenzó diciendo el titular del Poder Judicial.
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Y agregó que ha actuado con absoluta responsabilidad en la ejecución de sus actos. En el manejo de los casos de extradición, y que específicamente no existe prueba alguna de acciones irregulares o manipulaciones, por parte de los funcionarios del Poder Judicial.
“Hablar y ensuciar la honra es fácil, presentar las pruebas de acciones irregulares con responsabilidad y claridad no solo será difícil, sino imposible, porque tenemos total convicción y fundamentación de nuestros actos en la conducción del Poder Judicial”, dijo Argueta.
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La Comisión de Extradición del Congreso Nacional, dio a conocer que varios documentos de solicitudes de extradición fueron extraviadas del Poder Judicial y posteriormente destruidas por funcionarios de secretarías de Estado vinculadas al crimen organizado durante la dictadura del Partido Nacional, en el Gobierno hasta el pasado 27 de enero de 2022.
Según los legisladores que comandan esta comisión, tanto Argueta como Chinchilla fueron incompetentes al no ejecutar su trabajo, pues fueron aval para que Juan Hernández, extraditado a Estados Unidos en abril pasado, despedazara la Constitución y el Estado de Derecho.
Y es que pese a la ilegalidad en la reelección presidencial, ni la Fiscalía ni la Corte detuvieron la aspiración de Hernández, reconocido amigo de Argueta y Chinchilla, quienes son reconocidas figuras del Partido Nacional.
Para que el juicio político proceda, según el artículo 205 de la Constitución de la República, se constará de dos etapas: la investigación que durará lo establecido en la Ley Especial que al efecto se emita, y la etapa de discusión y votación que durará hasta cinco días, contados desde la presentación del informe al Pleno del Congreso.
Además, cuando la denuncia fuere contra el Presidente de la República la tramitación del proceso de enjuiciamiento y destitución, debe ser aprobada por las tres cuartas partes de la totalidad de los diputados, en los demás casos será por dos tercios de la cámara. En un tercer caso se necesitará el voto de 86 parlamentarios para realizar el juicio político.
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