La Secretaría de Relaciones Exteriores ha informado a través del vicecanciller, Tony García, que una vez el Congreso Nacional derogue el decreto de “plazas permanentes”, habrá una barrida en el Servicio Exterior hondureño, ya que unos 200 diplomáticos se amparan de esta ley para seguir en el “exilio dorado”.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El pasado 22 de febrero el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Enrique Reina, giró un ultimátum a diplomáticos del Gobierno de Juan Hernández, tenían 3 días para renunciar y retornar al país; no obstante, éstos se han amparado en el abusivo decreto de “plazas permanentes” que se aprobó a escasos días de finalizar el régimen nacionalista.
Al respecto, el vicecanciller, Tony García, ha informado que la nueva Cancillería ha encontrado un desastre de la administración anterior y que ante la negativa de los diplomáticos de renunciar, ya se ha pedido al Congreso Nacional que derogue la ley que tiene atado al nuevo Gobierno por plazas que aun ostentan activistas del Partido Nacional.
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Según trascendió, son unos 200 diplomáticos los que todavía no acatan la orden del Gobierno de Xiomara Castro para dejar vacantes sus cargos, entre estos figuran unos 35 embajadores y jefes de misión, así como 54 cónsules y más del centenar de empleados del servicio exterior.
Actualmente, la Cancillería está formada por una planilla de más de 400 empleados que cuesta a los hondureños más de 8,000,000 de lempiras mensuales; según se conoció, ya hay un plan para reducción de salarios onerosos.
De acuerdo con el vicecanciller, Gerardo Torres, de todo el personal nombrado por la dictadura nacionalista sólo un 10% son entendidos en Relaciones Internacionales, la mayoría de los que han representado al país no tienen la formación diplomática.
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