“Deben despedirnos con nuestros derechos adquiridos conforme a la Ley del Trabajo”, así lo ha reclamado el “canciller cuarta urna”, Lisandro Rosales, tras que se anunciara su cancelación en el Gobierno saliente a escasos días de su final; según Secretaría de Gobernación, la solicitud se enmarca en el Presupuesto General 2021, ley de Servicio Civil y ley de Administración Pública.
Expertos del derecho consultados por EL LIBERTADOR aclaran que los cargos de confianza del Gobierno como el de Rosales y demás no tienen derecho a más dinero por prestaciones laborales, porque sus sueldos y privilegios son elevados durante toda su gestión y, por eso la legislación de administración pública sólo les admite un pago mínimo al terminar sus funciones.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Entre mayo y julio de 2020, en el punto más crítico de la pandemia, cientos de hondureños se debatían entre la vida y la muerte, sus familiares hacían filas kilométricas en busca de insumos para salvar vidas, mientras desde la solvencia económica y comodidades del alto cargo en la Secretaría de Relaciones Exteriores, Lisandro Rosales, presumía orgulloso de atender a hondureños en toldos.
Hoy, después de tantos años de altísimo tren de vida mejor financiada por el pueblo, exige que la ciudadanía le pague prestaciones y derechos laborales que no aplican para los secretarios de Estado designados por el titular del Poder Ejecutivo, se deja claro que son cargos de confianza pensados a cuatro años, con elevados sueldos y privilegios que no tiene la mayoría de ciudadanos y, por eso mismo al cesar en sus puestos, están fuera de esas peticiones en la ley de Servicio Civil y, en general, de la legislación de administración pública.
DE INTERÉS: HONDURAS / ¡DERROCHE BESTIAL! LISTA DE 74 ALLEGADOS A JOH QUE FUERON A EUROPA
El punto de partida es que el régimen saliente, es ilegal e ilegitimo y han saqueado por cuatro años más el bolsillo de los hondureños mediante una reelección presidencial que prohíbe la Constitución de la República.
Rosales ha sido figura multifacética y hombre de confianza en el Gobierno de Juan Hernández –a quien conoció en el Liceo Militar, donde ambos estudiaron– siempre ostentó cargos para los que nunca demostró aptitud aun con título de administrador de empresas.
En 2020, el pueblo hondureño reclamó con el grito “¿Dónde está el dinero?”, exigiendo rendición de cuentas a las multimillonarias compras en el marco de la pandemia, Rosales, con descaró, respondió: “Si quieren saber dónde está el dinero, primero que me digan dónde está el dinero de la cuarta urna”. Lo anterior le valió para ganarse el apodo “canciller cuarta urna”.
Rosales es descendencia de militar de uno de los periodos más obscuros del país, cuando el general Gustavo Álvarez Martínez sembró el terror con secuestro, desaparición y asesinato de representantes del movimiento social, tras su caída, la familia del “diplomático” también se fue al exilio en Estados Unidos, por ello no siente empatía por la ciudadanía que sólo espera el final de la dictadura para dar vuelta a la página.
Cuando se pensó que el régimen Hernández no podía caer más bajo, tras cerrar centros de triaje, despedir médicos, imponer continuidad de activistas en la administración pública, entre otros golpes al nuevo Gobierno, ayer Rosales indignó –otra vez– a los hondureños, al reclamar derechos laborales.
“Deben despedirnos con nuestros derechos adquiridos conforme a la Ley del Trabajo”, dijo Rosales. Lo anterior ha sido refutado por el abogado con especialidad en Derecho Laboral y Gobierno Corporativo, Rodolfo Dumas, quien detalló a EL LIBERTADOR que los secretarios de Estado y sus subordinados no están protegidos por la ley de Servicio Civil que ampara la estabilidad laboral.
Precisamente, la mencionada ley establece en su artículo No. 3 que las disposiciones de su contenido no se aplica a secretarios y subsecretarios de Estado, miembros del cuerpo diplomático y otros 16 cargos de la administración pública.
El togado reitera que esto es un descaro porque “en toda la historia de Honduras ningún Secretario de Estado ha pretendido reclamar sus derechos laborales”.
Reafirmó que la Ley de Administración Pública también es clara y no da paso a interpretación, ésta apunta en su artículo No. 33 que “los Secretarios de Estado son colaboradores del Presidente de la República en el Despacho de los asuntos públicos y en la orientación, coordinación, dirección y supervisión de los órganos de la Administración Pública centralizada y la coordinación de las entidades y órganos desconcentrados o de las instituciones descentralizadas, en las áreas de su competencia”.
Al respecto, la abogada y activista garífuna, Naama Ávila, ha ratificado que “los Secretarios de Estado desempeñan una función de confianza que la ley regula como un servicio excluido del régimen de servicio civil”.
Desglosó que esa exclusión del Servicio Civil, no es para manipular la Ley del Trabajo a su favor, sino porque “la naturaleza del cargo q ostentan surge de un vínculo de confianza con la autoridad que los nombra”, es decir que no salen de un proceso de selección.
“Yo se que ellos si entienden. Pero en ocasiones es mejor hacerse el ‘tonto’ para no entender, no leer, y mucho menos respetar la ley, y así faltar a la ética que requiere la función pública, desde la ‘ignorancia’ y la ‘insensatez’… Dejen de seguir saqueando el país”, sentenció Ávila.
Ante las críticas, la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, emitió un comunicado afirmando que pagar prestaciones a Rosales se ampara en las disposiciones del Presupuesto General de la República 2021 que concede indemnización a funcionarios que hayan laborado consecutivamente para el Estado, mencionando también la ley de Servicio Civil –que deja clara la ilegalidad– y la Ley de Administración Pública.
Deja un Comentario