Las instituciones públicas encargadas de velar por el cumplimiento de la ley, no actuaran de oficio ante la violencia política y los delitos contra el honor que se han ejecutado de parte del gobernante Partido Nacional, contra la presidenciable de Libertad y Refundación (Libre), Xiomara Castro, pese a la alerta de un exfiscal de la República, sobre la gravedad de la campaña de odio.
EL LIBERTADOR se contactó con el Ministerio Publico (MP), el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), ninguno se ha pronunciado de forma oficial para castigar o condenar a los responsables de cometer estos delitos, la Fiscalía informó que Castro debe interponer la denuncia.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Luego de que el pasado domingo la candidata del Partido Libertad y Refundación (Libre), Xiomara Castro, fuera víctima del delito de injuria por parte de miembros del Partido Nacional (PN), que en una pancarta la presentan a la sociedad como asesina, la sociedad hondureña ha exigido a las autoridades un castigo ejemplar; sin embargo, éste no llega.
Ante la terrible campaña del partido del Gobierno, el primer Fiscal General de la República, Edmundo Orellana, alertó que de no castigar estas acciones, a pocos días de la contienda electoral, el resultado será la matanza de hondureños en una nueva crisis electoral.
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Ante este contexto, EL LIBERTADOR se comunicó con las autoridades del Ministerio Publico (MP), para conocer qué acciones tomarían al respecto, ya que la injuria está dentro de los delitos contra el honor, mismos que castiga el actual Código Penal de Honduras, que establece sanciones de prisión.
Al respecto, la portavoz de esa institución, Lorena Calix, explicó que la institución que ella representa no podrá actuar de oficio, ya que sólo podrá proceder si la candidata ofendida interpone la denuncia formal a través de una querella.
“Si la candidata necesita proceder por la utilización de su imagen o porque se considera difamada, debe nombrar un apoderado legal y mediante un abogado de su confianza impulsar una querella ante el tribunal de sentencia”, manifestó Cálix.
De acuerdo con el abogado Orellana, el Consejo Nacional Electoral (CNE), es el ente encargado de emitir una resolución respecto a este caso; EL LIBERTADOR intentó contactar al presidente de este ente, Kelvin Aguirre para consultar cuál será el castigo que impondrán como máximo órgano electoral; sin embargo, ni él ni sus asistentes atendieron las llamadas y mensajes enviados.
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Para obtener la declaración oficial, procedimos a contactar al consejero suplente, Germán Lobo, pero éste también rechazó las llamadas. Cabe mencionar que hasta el momento el CNE no ha emitido un documento oficial condenando la campaña nacionalista, garantizando impunidad en delitos electorales.
Por su parte la titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh), Blanca Izaguirre, manifestó que la ofensa hacia la presidenciable de Libre responde a una campaña de discriminación política enfocada en género.
Aseguró que como defensores de derechos humanos, igual que el Ministerio Público, sólo podrán proceder si Castro interpone la denuncia. “Si ella se siente ataca puede presentar una querella, y obviamente el comisionado le dará seguimiento. Desafortunadamente no se ha acercado a la institución”, aseguró Izaguirre.
Mencionó que como institución ya han habilitado una línea telefónica para que candidatos políticos y militantes de los distintos partidos políticos puedan abocarse en caso de sentirse ofendidos.
Cabe destacar que desde que se realizaron las elecciones primarias ya se han reportado al menos 27 casos de violencia política, según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OVUNAH), la mayoría contabilizadas en el departamento de Francisco Morazán (13 casos).
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