El titular del Poder Judicial, Rolando Argueta, dijo a EL LIBERTADOR que los órganos electorales, Tribunal Superior de Cuentas, Ministerio Público y Procuraduría General de la República, son los designados para inhabilitar a los candidatos a elección que hayan sido acusados por corrupción o narcotráfico.
Redacción Central/EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta, afirmó que este poder del Estado no actuará para que se suspenda a candidatos a elección acusados por corrupción y narcotráfico, ya que es competencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) y Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
Argueta amplió que según la legislación la Constitución de la República, los órganos electorales, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Ministerio Público (MP) y Procuraduría General de la República, deben regular y verificar los antecedentes de las personas que participarán en las elecciones con todo y rosario de delitos.
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En reiteradas ocasiones, EL LIBERTADOR ha contactado a estas instituciones para consultar sobre las sanciones que podrían caer sobre candidatos señalados por corrupción e incluso por quienes ya han cometido delitos electorales; sin embargo, la institucionalidad no se ha hecho responsable.
De forma tibia, Argueta dijo que el Poder Judicial ya ha emitido “castigos” a quienes han sido acusados por su papel protagónico en escándalos de corrupción: “Los candidatos que están siendo castigados o con auto de formal procesamiento, la legislación establece sanciones a prevención, a efecto de que en determinadas circunstancias estas personas no lleguen al proceso electoral”.
Y subrayó que más allá de sanciones legales, es más importante la sanción de “carácter ético o moral, a efecto de que la ciudadanía en el tiempo que le toque tomar la decisión de ejercer el sufragio, verifique adecuadamente los perfiles y antecedentes de estas personas”.
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