La investigación por fraude, ejecutada por el Ministerio Público, sería una vía para realizar una “limpieza judicial” a favor de los exmagistrados electorales: David Matamoros Batson (foto) conocido por los “votos rurales”, Erick Rodríguez, José Escobar, según opinión del abogado penalista, Omar Menjivar, quien asegura que se aproxima una réplica de la impunidad del “Caso Pandora”.
“Algo debe haber atrás de todo esto, debe haber una maquinación extraña, especialmente a dos meses de las elecciones, nunca uno puede suponer que hay un buen propósito detrás de acciones como éstas”, reflexiona el conocido jurista.
Tegucigalpa. ¿Por qué el Ministerio Público (MP) actúa contra la empresa Mapa Soluciones y exmagistrados del extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE) cuatro años después del fraude en comicios –constatado por OEA– y a 60 días para las elecciones del 28 de noviembre?, es la interrogante que ha planteado el abogado con especialidad en Derecho Penal, Omar Menjivar, quien asegura que la Fiscalía “se está prestando a algo”.
Ayer, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), realizaron una inspección a la empresa Mapa Soluciones, relacionada una denuncia de fraude que involucra a su gerente Faustino Reyes Rodríguez y los exmagistrados: David Matamoros Batson (presidente), Erick Mauricio Rodríguez Gavarrete, José Saúl Escobar Andrade.
Según comunicado oficial, los entes de investigación hicieron requisa de 2, 711 escáneres utilizados para el escrutinio de las papeletas electorales del proceso de votación del domingo 26 de noviembre del año 2017, aparatos que están almacenados en una bodega en un complejo comercial de Tegucigalpa. Y esta mañana agentes del orden regresaron a ese sector para seguir la inspección
Lo anterior, debido a que las autoridades del TSE suscribieron un contrato por más de 40 millones de lempiras con la empresa Mapa Soluciones para la transmisión de datos electorales, contrato aprobado de emergencia –según el MP–. Cabe señalar que de momento el caso se enfoca en el perjuicio monetario y no en la alteración de resultados que concretó el golpe electoral.
Opinión de Omar Menjivar
Sobre el tema, el abogado Menjivar ha dicho a EL LIBERTADOR que existe una posibilidad que la acción se relacione a un intento de “limpieza judicial”, para que los involucrados no vuelvan a ser llamados ante la justicia por el mismo delito, amparándose en el Código Penal que estipula que nadie puede ser acusado dos veces por un mismo crimen.
“Es una posibilidad, definitivamente –recalca–, sobre todo pensando que han trascurrido cuatro años desde que pasó ese hecho y a mí me parece que es un ‘show’ lo que están haciendo”, apunta Menjivar y amplia que entre más tiempo pase, más difícil será ejecutar una investigación con el objetivo de encontrar la verdad.
El togado observa que después de cuatro años, la información en los aparatos puede ser completamente diferente a la que se recogió el 26 de noviembre de 2017, “estas empresas utilizan estos equipos en diferentes proyectos, el primer proyecto el de las elecciones de 2017 y seguramente lo han empleado en otros proyectos, y para eso tienen que limitarlos, eliminarlos o borrar la información almacenada”.
“Algo debe haber atrás de todo esto, debe de haber una maquinación extraña, especialmente a dos meses de la selecciones, nunca uno puede suponer que hay un buen propósito detrás de acciones como estas y partimos del reconocimiento de que la institucionalidad que tenemos está botada, precisamente por quien ejerce el Gobierno”, argumenta el jurista.
Comparación «Caso Pandora»
Por otro lado, es reflexivo al mencionar que este caso, al igual que los demás escándalos de corrupción como “Pandora”, Red de Diputados, entre otros, podría terminar en sobreseimiento definitivo –permitiendo incluso participación de varios señalados en este proceso electoral–, ya que “el Sistema de Justicia que tenemos nos garantiza más impunidad”.
Menjivar desglosa que en el ejemplo de “Pandora”, de 38 señalados apenas cuatro personas llegaron a juicio, cuestionando que ni siquiera se ha dictado sentencia del fallo y que de los enjuiciados no son ni funcionarios de categoría media y, en cambio, la estructura delictiva que se organizó para realizar el saqueo quedó en libertad.
“No sería extraño que ese resultado sea el que se obtenga de los tres magistrados (del TSE) y que había que sacrificar a alguien, yo estoy seguro que no va a ser el principal, porque así opera nuestro sistema”, sentencia el abogado.
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