De acuerdo con el portal de noticias, Pro Honduras Network, la Fiscalía del Distrito Sur de New York señaló de nueva cuenta que en la conspiración para el envío de droga a EE.UU. han participado: el presidente del Congreso, Mauricio Oliva y el Fiscal General, Óscar Chinchilla.
Pro Honduras Network asegura que en un documento de más de 50 páginas, se expone que Oliva y Chinchilla han participado como cómplices en la protección y creación de leyes para evitar una posible extradición de Juan Hernández en caso que la justicia de EE.UU. determine ese procedimiento.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Este sábado, según el portal informativo Pro Honduras Network, la Fiscalía para el Distrito Sur de New York, presentó nuevos documentos del caso de Geovanny Fuentes Ramírez, luego que los abogados de éste pidieran un nuevo juicio por supuestas inconsistencias en el proceso realizado en marzo pasado, donde se le encontró culpable de tres delitos relacionados al narcotráfico.
Dentro del documento de 56 páginas “Oposición de la Fiscalía a las mociones posteriores al juicio del demandado”, se relata el involucramiento del Fiscal General, Óscar Chinchilla y del presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, en actividades ilícitas supuestamente realizadas por Juan Hernández, como cómplices en la protección y creación de leyes para evitar una futura extradición.
El documento dicta que el acusado se involucra en el tráfico de drogas bajo la protección de los líderes del Partido Nacional, incluido Hernández. Y desglosa que: “El acusado conspiró con políticos, desde funcionarios locales hasta funcionarios nacionales, como se describió anteriormente, estos funcionarios incluían a Leopoldo Crivelli, el alcalde de Choloma, y Barahona, un juez hondureño de alto rango”.
El texto prosigue: “El acusado también conspiró con Hernández, el actual presidente de Honduras. Aproximadamente en 2013, mientras Hernández se postulaba para la presidencia de Honduras, el acusado se asoció con Hernández para el tráfico de cocaína. A quien llamó con el sobrenombre de “Juancho”.
La Fiscalía retoma que el contador de “Graneros” vio al acusado reuniéndose con Hernández, quien visitaba el local regularmente para cobrar “cuotas” de supuestas contribuciones de campaña de Jarufe, dos veces, donde el acusado le pagó a Hernández sobornos por un total de aproximadamente $25,000 y discutió temas relacionados con un narco laboratorio.
Durante la primera reunión, Hernández le pidió al acusado acceso al Laboratorio porque estaba a poca distancia de Puerto Cortez, la ciudad portuaria más grande de Honduras. El acusado estuvo de acuerdo y, a cambio, Hernández le dijo al acusado que la policía y el ejército hondureños protegerían los cargamentos de cocaína y también evitarían que el acusado fuera investigado o procesado.
Específicamente, Hernández aconsejó al imputado “que no se preocupe por la ley porque se le había designado al Fiscal General Óscar Chinchilla para protegerlos y también obtendría protección para el transporte de drogas por las diferentes rutas, y al mismo tiempo que este transporte tendrían la protección de los militares y la policía, y que ellos manejarían la seguridad de las drogas, y que para cuando Estados Unidos supiera la verdad, habrían enmendado la ley a su favor porque el presidente del Congreso de Honduras, Mauricio Oliva y Chinchilla ya estaban en eso, y serían intocables”.
Hernández luego dijo que él y el acusado “meterían las drogas en las narices de los gringos y ni siquiera lo sabrían”, lo que Sánchez entendió como “una burla al pueblo de Estados Unidos”. Hernández le dijo al acusado que se reportara ante Juan Antonio Alvarado Hernández (“Tony Hernández”), el hermano de Hernández, en ese momento un importante narcotraficante hondureño.
Al concluir esta primera reunión, el acusado le dio a Hernández un soborno en efectivo de $ 15,000. Durante la segunda reunión, después de que el acusado y Hernández discutieron sobre política, el acusado le dio a Hernández un nuevo soborno de $ 10,000. El acusado mantenía una relación con Hernández y Gutiérrez,quien mantenía fotografías en su cuenta de iCloud que mostraban a él y a Hernández, así como a Hernández y Martínez.
El acusado continuó reuniéndose con Hernández y pagándole sobornos. (Tr. 389). Como el acusado le admitió a Rivera, se reunió con Hernández dos veces en 2019, en Graneros y le dio a Hernández un soborno de aproximadamente 450.000 lempiras y se reunió nuevamente con Hernández en la capital hondureña y le pagó un segundo soborno no especificado.
Ambos sobornos fueron para la protección del acusado y para evitar que fuera arrestado en Honduras. Los datos en el teléfono del acusado en la aplicación de navegación Waze reflejan que, el 29 de mayo y el 12 de junio de 2019 o alrededor de esa fecha, después de las presentaciones en la fiscalía en el caso de Tony Hernández que revelaban que Hernández era un objetivo de investigación, el acusado viajó a Casa Presidencial. El acusado también se reunió, por indicación de Hernández, con Martínez y un oficial de alto rango de la Fuerza Aérea Hondureña para discutir sobre una compañía de lavado de dinero que Hernández quería que el acusado le vendiera.
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