El diputado nacionalista, Jaime Villegas, fue el encargado de iniciar la nueva operación cuando pidió suspender las elecciones y dejar en el cargo al gobernante Juan Hernández, su compañera Welsy Vásquez actuó con la moción en esa línea, acto seguido Hernández ascendió al alto mando del Ejército a viejos amigos del Liceo Militar.
El proyecto continuista está en marcha, según han dicho analistas a EL LIBERTADOR que prevén en el nombramiento de Sarahí Izaguirre en Conadeh, la indefensión total de los hondureños cuando sean violentados sus derechos fundamentales, protesta, movilización, reunión y demás.
A juicio del abogado Raúl Pineda, la única opción que tiene Honduras es que la ciudadanía retome la manifestación constante, ya que no confía en el papel de una oposición “coyuntural” que no trasciende a acciones permanentes y concretas.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Defensores de derechos humanos y analistas políticos han señalado que el gobernante Juan Hernández está gestando un nuevo fraude electoral o incluso un golpe de Estado. A esa conclusión se ha llegado luego del ilegítimo nombramiento que en cinco minutos dejó a Sarahí Izaguirre Lozano como titular del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh).
La directora de la Asociación para una Ciudadanía Participativa (Aci-Participa), Hedme Castro, ha dicho a EL LIBERTADOR que si el gobernante Partido Nacional ha tomado una decisión, con el permiso del Congreso Nacional, tan subterránea y ajustada para elegir a Izaguirre como “Ombudswoman”, “puede ser que están pensando en el fraude electoral”.
Castro señala además que también es posible que el régimen decrete Estado de excepción para suspender las elecciones de marzo próximo y quedarse más tiempo en el poder, aunque no descarta que Hernández está preparando un golpe de Estado y para eso está nombrando “personas clave”, de absoluta confianza y subordinación a sus abusos y delirios de grandeza.
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Recientemente el jefe de Estado ascendió a varios de sus excompañeros del Liceo Militar que ahora son del alto mando del Ejército. Por lo que a juicio de Castro, hoy corre peligro la vida de los hondureños porque quien está en el cargo más importante para su defensa no cuenta con el perfil para hacerlo.
La activista social recuerda que la nueva Comisionada, estaba asignada en el Mecanismo Nacional de Prevencion Contra la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conaprev), pero que nadie ha sabido si ha contribuido para evitar hacinamientos en prisiones hondureñas.
“No he escuchado nada, los índices de violencia en las cárceles no han mejorado” expresa Castro, siendo enfática en los amotinamientos de hace un año, cuando fueron asesinados unos 54 reos en las reyertas en Tela y El Porvenir.
La nueva elección del Conadeh, surge porque desde el pasado 25 de marzo, Roberto Herrera Cáceres finalizó su periodo en funciones, el Congreso Nacional tenía desde en febrero una comisión especial de selección formada por 11 diputados, misma que era presidida por el congresista del Partido Nacional, Mario Pérez, quien presionó para escoger a Izaguirre en cinco minutos.
Para Castro, la decisión se ha tomado a “matacaballo” y es un zarpazo a la libertad de las personas, por eso no descarta que Juan Hernández este colocando piezas claves para tener más influencia en los poderes del Estado y seguir la idea continuista.
En tanto, el director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Carlos Leiva, señala que se trata de una nueva bofetada para quienes se dedican a la defensa de los derechos indispensables y en general para el pueblo hondureño.
Estima que se ha cometido una violación porque no se siguió el procedimiento, y ha criticado que el Congreso Nacional está “desgobernando” el país porque una vez más se ha beneficiado a personas afines al gobernante Partido Nacional.
“Aquí está mostrando otra vez su atadura, realmente estamos en indefensión ya de por sí ya estábamos de esa manera el señor Cáceres mostro ser un hombre muy tranquilo pero pusilánime”, ha dicho el activista social.
El entrevistado confiesa que no conoce el perfil de la nueva “Ombudswoman” pero que es notable que tiene nexos y vínculos con el grupo de poder que Gobierno, “como le digo esta es una dictadura donde prevalece la corrupción y narco actividad”.
Cabe destacar que antes de su juramentación Sarahí Izaguirre fungió también en el Comité Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (Conapremm) y fue empleada del Poder Ejecutivo en la Secretaría de Gobernación y en la Secretaría de Derechos Humanos.
Leiva asegura, que esa juramentación es inconstitucional pero que eso ya no sorprende en el Gobierno Juan Hernández, quien “gobierna desde la ilegalidad, el mismo mecanismo de escogencia sucedió con el Fiscal General (Óscar Chinchilla).
Por otro lado, el analista político, Raúl Pineda, señala que la juramentación de Izaguirre solo podía suceder de dos formas, una es en participación cómplice de un sector de la oposición y el otro es que haya sido una decisión tomada “por la vía violenta ejercida desde el poder y no de la autoridad”.
Pineda amplía que: “la continuidad del actual sistema pasa por el proceso de torpedear el proceso electoral y el primer paso que se dio cuando se hizo una nueva ley electoral en lugar de hacer reformas a la que ya existía”.
Lamenta que a la fecha no ha escuchado una “voz fuerte” para pronunciarse sobre la ley electoral o la reforma, y que incluso la oposición y la sociedad civil ha estado desorientada de la agenda para suprimir el escenario de fraude, pues observa que se han enfocado en artículos que quitan un componente de la participación democrática a todo el proceso.
Según Pineda, el actual grupo que gobierna el país tiene características y acciones de largo plazo, mientras la oposición es coyuntural: “Estas personas toman sus acciones y decisiones pensando en periodos más o menos largos, esto es lo que le da la posibilidad que jugó políticamente con la oposición”.
En ese sentido afirma que lo único que puede parar las intenciones de perpetrarse en el poder es la influencia de “factores externos”, como pueden ser la comunidad internacional y la acción de la ciudadania porque desde la posición política “poco se puede esperar a juzgar por su comportamiento de los últimos cuatro años”.
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