Funcionarios acusados por corrupción y figuras que atentan contra la democracia serán castigados por Estados Unidos, así lo ha decidido este día el Congreso con la “Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo del Norte”, que sólo necesita la lista de nombres que emita el presidente electo, Joe Biden para entrar en vigencia.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Este martes, a través de un comunicado de prensa, el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes publicó avances de la “Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo del Norte” (HR2615), donde se plantea sancionar a políticos corruptos y “antidemocráticos” para negar la entrada de estos personajes a suelo estadounidense.
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, Eliot L. Engel, elogió la aprobación del Congreso, órgano que también aprobó la Ley de Participación Reforzada entre los Estados Unidos y el Triángulo Norte (H.R. 2615), que escribió y que fue incluida en los créditos ómnibus y en el paquete de alivio Covid-19.
“Mi legislación apoyará a la administración entrante Biden-Harris mientras redoble los esfuerzos para apoyar una América Central más segura, democrática y próspera”, dijo el Presidente Engel.
“En particular, será imposible lograr progresos sostenidos en El Salvador, Guatemala y Honduras sin el compromiso de los líderes regionales para luchar contra la corrupción y el retroceso democrático”, agregó.
El congresista es enfático en que la ley aún necesita que el presidente electo, Joe Biden, publique una lista de las personas señaladas por corrupción y por socavar las instituciones democráticas para que se niegue su entrada al país.
La legislación tiene dos componentes principales: 1. Requiere la publicación de una lista de actores corruptos y antidemocráticos de El Salvador, Guatemala y Honduras a quienes se les negará la entrada a los Estados Unidos (algunos en Centroamérica han comenzado a referirse a esto como la “lista Engel”).
Y segundo, requiere la creación de una estrategia de cinco años por parte del Secretario de Estado y administrador de USAID sobre los esfuerzos para promover la prosperidad, combatir la corrupción, fortalecer la gobernanza democrática y mejorar la seguridad civil en el Triángulo Norte y frenar la migración irregular.
Cabe destacar que en el caso particular de Honduras, ha habido una fuerte oposición de varios congresistas sobre la relación de EE.UU. con el presidente de facto Juan Hernández, quien violó la Constitución de la República para asentarse un periodo más en la presidencia.
Y también es mal visto por el contexto de violación a los derechos humanos y por el nexo criminal que se ha denunciado en la Corte del Distrito Sur de New York en el juicio de su hermano Antonio “Tony” Hernández y otros excapos de droga.
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