Basado en denuncias realizadas en el Ministerio Público, el robo, extorsión y otros sucesos ilícitos se han incrementado en un 50 por ciento en comparación a otras épocas del año, afirma el coordinador de Proyectos de Seguridad del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Carlos Sierra.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Impactante: la criminalidad no se detiene en el país. Lastimosamente, los hechos violentos, robos, secuestros y asesinatos no disminuyeron ni siquiera en mayo y junio, cuando la población estuvo en confinamiento absoluto por el estado de sitio decretado por el gabinete de Juan Hernández durante la pandemia por el nuevo coronavirus.
Al respecto, el coordinador de Proyectos de Seguridad del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Carlos Sierra, sostiene que el gabinete Hernández ha fracasado en la lucha contra la criminalidad.
“La estrategia del Gobierno que ha sido continua durante 5 y 6 años con saturación policial y militar, ha demostrado que pudiendo mejorar la seguridad fracasó, a pesar que nunca antes el gobierno había tenido tantos recursos”, sostuvo.
Asimismo, Sierra comentó que existe un maquillaje de cifras o datos ocultos. “Medir los índices de inseguridad es algo difícil, porque se calcula mediante dos mecanismos: subjetivo y objetivo, en muchas ocasiones se obvia la cantidad de denuncias que los ciudadanos interponen en las oficinas del Ministerio Público (MP), para valorarlas con el número de muertes violentas, elemento cortoplacista y manipulables”.
En ese contexto –agregó– las estadísticas del MP revelan que en noviembre y diciembre las denuncias de robo, extorsión y otros sucesos ilícitos se han incrementado en un 50 por ciento en comparación a otras épocas del año.
Durante los últimos años, “el régimen ha tenido tres fuentes valiosas para los fondos de seguridad, entre los que se destacan los incrementos presupuestarios en los renglones de las secretarías de Defensa y Seguridad, el impuesto que todos lo cuídanos pagan a través de la de la Ley de Seguridad Poblacional [decreto 105-2011] y los múltiples préstamos de la cooperación internacional”, destacó Sierra.
Por otra parte, el sociólogo Pablo Carías ha explicado que la mala administración de Hernández ha desembocado en el aumento de la violencia. “El gobierno ha querido dar la impresión que los actos delictivos han bajado, pero extrañamente dado al nivel de descomposición que veníamos observando en el país, la violencia es parte de las condiciones dadas por la crisis fitosanitaria y económica, es lógico que la actividad delictiva va a aumentar”, dijo.
Para Carías, las redes delictivas y el narcotráfico se restituyen cada vez que se les da un supuesto golpe por parte de las autoridades, “se puede golpear a las caras visibles, pero siempre en el mundo delictivo hay una gente que opera de forma subterránea que inmediatamente va a seguir haciendo ese ilícito, pero es porque el gobierno no ha definido una estrategia de combate real y preventivo del delito”, acotó.
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