Querido lector, el artículo que usted leerá a continuación no es una publicación antigua de EL LIBERTADOR, ni un error, tampoco queremos llamar la atención (usted nos conoce).- Lo invitamos a navegar por estas líneas y comprender por qué afirmamos que la justicia sigue sin dar la razón al recordado director de Radio Globo, el periodista David Romero Ellner.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Desde el golpe de Estado de 2009 y del fraude electoral de 2017, que fue avalado por Estados Unidos y el dañino poder local, el caos y el crimen en todas sus formas administran el Estado, sumergiendo a los hondureños en una espiral surrealista, es decir, en un torbellino de situaciones que, aunque carecen de lógica, son reales.
Por ejemplo, este 4 de agosto, una noticia indignó a Honduras: un Tribunal Especial dictó sobreseimiento definitivo a 22 implicados en el “Caso Pandora”, una red de corrupción que drenó al menos 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), entre 2005 y 2011, y que según trascendió fueron usados para la campaña presidencial del entonces presidente del Congreso Nacional, Juan Hernández.
En el fallo que libera de la prisión a ex diputados, ex funcionarios y ex empleados de segundo y tercer grado, destaca un dato curioso: los magistrados que integran la Corte de Apelaciones Natural concedieron “extinción de responsabilidad penal por fallecimiento” al ex secretario de Finanzas, William Chong Wong; para eso se basaron en el artículo 107 del nuevo Código Penal, que explica en su inciso 1 que la responsabilidad penal se extingue por “la muerte de un reo”.
Nota de interés: HONDURAS / CONOZCA A MAGISTRADOS QUE DEJARON LIBRES A “PANDOROS”
Y he aquí una situación inexplicable: el nuevo Código Penal entró en vigencia el pasado 24 de junio, pero ese mismo día fue abrogado (suspendido, anulado o dejado sin efecto). ¿Cómo fue eso posible?: esa tarde en el Congreso Nacional hubo dos sesiones virtuales, después que diputados de oposición denunciaron que se les negó acceder a la sesión donde el partido en el poder (el Nacional), aprobó la entrada en vigencia del nuevo Código Penal. En base a ley, los parlamentarios opositores crearon su propia sesión virtual y una nueva junta directiva, asimismo, decretaron la nulidad del nuevo reglamento de castigos y penas para quienes cometen delitos en territorio hondureño.- Así, al momento en que entró en vigencia, también fue abrogado, ¿de Ripley, cierto?
Y hasta el momento en que usted lee este artículo, ningún tribunal de justicia ni ningún magistrado ha aplicado el mismo beneficio que le concedieron a Chong Wong, al extinto director de Radio Globo, el periodista David Romero Ellner, que falleció el 18 de julio, a las 7:45 de la mañana, tras pasar dos semanas luchando por su vida en el Instituto Nacional Cardiopulmonar “El Tórax”.
Romero, un destacado periodista que denunció varios casos de corrupción en el país, fue contagiado por el nuevo coronavirus en una bartolina del Batallón Táctico Especial, ubicado en la aldea de Támara, Francisco Morazán, donde guardaba prisión por los supuestos delitos de difamación y calumnia en perjuicio de Sonia Gálvez, esposa del ex fiscal adjunto, Rigoberto Cuéllar. El periodista inició la investigación en el millonario desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), cuyos nexos salpican a Juan Hernández.
Es de aclarar que la Corte de Apelaciones Natural que liberó a 22 de los “pandoros”, está integrada por el magistrado Edwin Francisco Ortez Cruz (del Partido Nacional), que antes de ser magistrado era asistente de la entonces magistrada María Elena Matute de Hernández, cuñada del mandatario Hernández y hermana de Óscar Raúl Matute, secretario del Interior durante la dictadura del transportista Roberto Micheletti Baín. Trascendió que en 2009, Ortez Cruz fue quien elaboró la resolución para que Juan Hernández fuera reelecto como diputado al Congreso, violando la Constitución de la República.
También formó parte la magistrada María Fernanda Castro Mendoza (del Partido Liberal), quien pidió no otorgar el sobreseimiento, sino anular el juicio y devolverlo al Juzgado de Letras para que vuelva a decidir sobre el fondo del asunto. En 2014, Castro Mendoza aspiró a dirigir el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
Y el tercer integrante del Tribunal Especial es el magistrado Jorge Alberto Zelaya Zaldaña (del Partido Nacional), quien fue un “connotado” violador de la libertad de prensa y de expresión durante el golpe de Estado de 2009. Entre otras acciones de evidente abuso de autoridad, amenazó con encarcelar al Director-Fundador de Periódico EL LIBERTADOR, Jhonny José Lagos Henríquez, por consultar al Soberano si quería o no una nueva Constitución de la República. Además, guarda lealtad al Partido Nacional pues su padre militó en la corriente del histórico dirigente Ricardo Zúniga Augustinus. Y la pregunta ¿Hasta cuándo seguirá preso David Romero? ¡David Vive!
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