

Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La publicación aquí es oficial, conforme al Artículo 5 del Código Civil deja firme y da vigencia a la anulación del nuevo Código Penal contenido en el decreto legislativo número 130-2020.- Resulta que en sesión extraordinaria del Congreso Nacional llevada a cabo el día 24 de junio del año 2020 en la cual mediante decreto DECRETO No. JDP-01-2020 se acordó la abrogación del Código Penal contenido en el decreto legislativo número 130-2020.
Asimismo, se resolvió que dentro del plazo constitucional concedido al titular del Poder Ejecutivo, que si no objetare o vetare legalmente el proyecto de Ley votado, se tendrá como sancionado y éste poder del Estado promulgará la ley, ordenando su inmediata publicación en el diario Oficial La Gaceta o como el presente caso especial, al amparo de lo dispuesto en el art. 5 del Código Civil, se ordenó realizar la publicación por cualquier otro medio de comunicación de circulación nacional o mediante medios digitales, redes sociales o avisos colocados en edificios públicos o volantes a fin de cumplir con el requisito de su publicación.
¡MISIÓN CUMPLIDA! CONGRESO HONDUREÑO CONFIRMA ABROGACIÓN DE CÓDIGO PENAL
La determinación de la nueva directiva del Congreso, se basa en los constantes señalamientos de organismos de sociedad civil y expertos en materia procesal penal, quienes han cuestionado que si bien el documento presentado se ha modernizado, éste se ablandó en materia anticorrupción y de combate al narcotráfico.
“Debido a los múltiples cuestionamientos de legitimidad de esta normativa y dado que hasta la fecha sigue siendo objetada casi de manera unánime por diferentes sectores de la sociedad, resulta imperiosa como opción de política criminal, la inviolabilidad de la referida norma legal”, reza el decreto, firmado por la directiva provisional.
Cabe mencionar que organizaciones civiles como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), han calificado el nuevo instrumento como el “Código de la Impunidad”, por los beneficios mencionados a corruptos y narcotraficantes, y además por otras instituciones que alegan restricción a la libertad de expresión y otros derechos humanos.
A continuación el documento íntegro:


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