De acuerdo con Ciprodeh, en el caso de la comisionada en calidad de retiro y diputada de oposición, María Luisa Borjas (foto), se enmarca en la constante queja nacional e internacional sobre la “justicia selectiva” que hay en el país, ya que su sentencia de prisión se suma a cientos de casos más con efectos negativos a la democracia.
Borjas fue condenada a dos años y ocho meses de prisión por señalar, con informes de inteligencia y reportes de conocimiento público, que el empresario Camilo Atala estaría vinculado al crimen de la ambientalista y defensora indígena Berta Cáceres.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), advierte en un comunicado de prensa que el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra la impugnación que presentó la defensa legal de la diputada de Libertad y Refundación (Libre), María Luisa Borjas, “se acumula a los antecedentes judiciales que tienen efectos negativos en los pilares esenciales de la democracia y los derechos humanos”.
El equipo legal de Borjas presentó un recurso de casación frente a la sentencia que el 29 de enero de 2019 dictó el presidente de la CSJ, Rolando Argueta, condenándola por dos años y ocho meses de prisión, y además ordenando su inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo que dure la pena principal, condición que le prohíbe seguir en el Congreso Nacional.
Lo anterior se deriva de la acusación del empresario Camilo Atala por “calumnia derivado de expresiones constitutivas de difamación”, ya que el 22 de noviembre de 2018, Borjas dijo en conferencia de prensa que se vincula a un reconocido industrial del país como autor intelectual del asesinato de Berta Cáceres.
Borjas destacó que ese empresario era Camilo Atala, basándose en informes de inteligencia y en reportes que a la fecha son de conocimiento público. En ese contexto, el pasado 21 de julio la CSJ declaró “sin lugar” la casación de la diputada.
Ciprodeh señala en el documento que la autoridad no tomó el caso con el adecuado interés público en relación con el interés privado, ya que el juicio no tuvo connotación a pesar que involucra a una diputada, una ambientalista asesinada y un alto empresario del país.
“El Poder Judicial no aplicó debidamente el control de convencionalidad para tutelar efectivamente la libertad de expresión de la Diputada Borjas”, reza el pronunciamiento de Ciprodeh.
Y resalta que: “Este caso reafirma lo señalado en el último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Honduras, de la existencia de una ‘justicia selectiva’ que, por un lado, actúa de manera tardía sin ofrecer respuesta efectiva en relación con violaciones de derechos humanos, pero que por otra parte, actuaría favoreciendo los intereses de diversos actores vinculados al poder público, político y empresarial”.
A continuación el documento íntegro:
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