Marco Bográn ha sido un peón más en el saqueo de fondos de Invest-H en la era del covid-19, y EL LIBERTADOR devela cómo los nexos entre el supuesto empresario Axel López y el mandatario Juan Hernández cada vez son más cercanos.- Actualmente, para la instalación de los hospitales móviles López contrató a sus amigos, el matrimonio compuesto por Luis Eveline y Jance Funes (en la gráfica a la izquierda de López).
En 2013, Luis Eveline manipuló las reglas para que Óscar Chinchilla fuera el Fiscal General, pese a que no había pasado el examen psicométrico, mientras que dos años después, Jance Funes impuso los candidatos a magistrados de la sociedad civil en la lista que envió Juan Hernández al Congreso, entre otros, a su paisano Rolando Argueta en la Corte Suprema de Justicia.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Otra mentira cae a pedazos. Desde el inicio del escándalo de corrupción en las sobrevaloradas compras que ha hecho el gobierno mediante Inversión Estratégica Honduras (Invest-H), durante la pandemia del Covid-19 en Honduras, el titular de Casa Presidencial, Juan Hernández, ha querido desmarcarse de su responsabilidad en esas irregularidades. Hasta hoy.
La brecha entre el supuesto empresario Axel Gamaliel López y el gobernante Hernández se reduce, después que esta semana la ahora ex directora de Invest-H, Evelyn Bautista, comentó que el guatemalteco López le confió haber subcontratado a la empresa Ecomac para instalar dos de los siete centros sanitarios para pacientes contagiados del nuevo coronavirus.
Cabe señalar que desde octubre anterior, Bautista se desempeñó como jefe de la Unidad de Incidencia de Políticas Públicas de Invest-H, donde gestionaba contratos, coordinaba compra de equipo y aprobaba solicitudes de pago; y este 16 de julio trascendió su renuncia al cargo, a tan sólo 13 días de asumirlo, explicando que la principal causa es que las declaraciones del gerente de Asesoría Legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Gustavo Solórzano, han dañado su honor e imagen al afirmar que ella intentó “legalizar” los actos de corrupción de Marco Bográn, ex director de Invest-H.
Nota de interés: HONDURAS / EVELYN BAUTISTA RENUNCIA TRAS FALLIDO INTENTO DE LEGALIZAR CORRUPCIÓN EN INVEST-H
Más allá de eso, el titular de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), el bombero Carlos Cordero, confirmó este 16 de julio la subcontratación de Ecomac por parte de López. Además, trascendió que el dueño de Elmed Medical Systems y HospitalesMoviles.com, de nuevo ha mentido al país, pues el compromiso era mandar 10 expertos a Honduras para que realizaran la instalación de los primeros dos hospitales móviles.
Para ello, Invest-H tenía previsto pagar cerca de tres millones de lempiras por el hospedaje, alimentación y seguridad de los supuestos expertos por un periodo de 15 días, que tomaría hacer los trabajos de instalación de un hospital en Tegucigalpa y otro en San Pedro Sula.
¡SON MANDADEROS DE JOH!
Este rotativo, confirmó en el registro de empresas de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), que Ecomac SA de CV fue creada mediante mediante instrumento público 47 del 20 de mayo de 1994, mediante la matrícula 67582 y es propiedad de los esposos Luis René Eveline Hernández y Jance Carolina Funes de Eveline.
La pareja también es propietaria de la Universidad Politécnica de Ingeniería (UPI), y socia de la constructora Sol Naciente, junto a Chan Hong.-Chai, Suyapa Vásquez de Chang, Lu Chiu-Hsien y Chan Chia-Ho, según la matrícula 74392 de la CCIT.
Es de recordar que en marzo de 2014, Hernández nombró a Luis Eveline como gerente general del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), cuando éste era el director del Foro Nacional de Convergencia (Fonac), y renunció al año siguiente cuando no pudo resolver los problemas financieros de la estatal.
Por su parte, Jance Funes es la actual rectora de la UPI, directiva del Cohep, ex candidata a diputada por el movimiento nacionalista “Salvemos Honduras”, de Ricardo Álvarez, y en 2017 fue la representante de las universidades privadas en el diálogo político promovido en el país, a fin de buscar la aceptación de la población tras el fraude electoral de Juan Hernández.
Un dato curioso es que en el más reciente evento público que fueron vistos los esposos Eveline Funes, fue el 20 de febrero de este año cuando compartieron con el comisionado especial para la atención de la emergencia de Covid-19, Lisandro Rosales, y el secretario de Defensa Nacional, Fredy Díaz, en el lanzamiento del documental “100 Horas de Furia”. (Gráfica).
IMPUSIERON PRESIDENTE DE LA CORTE
Pero los nexos van más y como sucede a veces en política, hay detalles oscuros e intereses de grupos de poder tras la cortina. En el proceso de selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), EL LIBERTADOR hizo una cobertura durante 6 meses entre 2014 y 2015, publicando los perfiles de los nominados así como también revelando detalles de los intereses tras cada propuesta de los 15 magistrados del Poder Judicial para el periodo 2016-2023, que dirige Rolando Argueta.
Durante la investigación, este rotativo accedió a una fuente fidedigna que relató la forma fraudulenta en que eligieron sus candidatos las organizaciones no gubernamentales (ONG), aglutinadas en la Sociedad Civil y representadas en su mayoría por pastores de la Confraternidad Evangélica de Honduras y la Federación de Organizaciones de Vendedores de Mercados de Honduras (Fovemerh).
El comité técnico de evaluación de candidatos de la Sociedad Civil fue coordinado por Jance Funes. De acuerdo con la fuente, “Jance llegó con la lista de los 20 abogados por los que debían votar los pastores y propietarios de mercados”. Y agregó que la actual rectora de la UPI, entonces dijo: “este listado lo manda el Presidente [Juan Hernández] para que voten por ellos”.
Asimismo, detalló que Funes permitió que a última hora dos personas que no habían estado desde el inicio en el proceso de evaluación de magistrados, bajaran calificación a los que habían aprobado el examen y le sumaran a otras que no habían superado las pruebas pero que eran favoritos y favoritas de Casa Presidencial, representada en esa oportunidad por Roberto Chang Castillo, secretario de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización.
Entre los favoritos del gobierno estaban el entonces coordinador de Fiscales, paisano de Juan Hernández y actual presidente de la CSJ, Rolando Argueta; Abraham Alvarenga Urbina, procurador general de la República; Nívida Flor Hernández, presidenta de la junta interventora del SANAA; y Félix Chávez Romero, ex regidor municipal de Tocoa, Colón.
EVELINE PROPUSO AL FISCAL GENERAL
Funes tomó de su esposo el ejemplo de servir a Hernández, porque Luis Eveline es recordado por su nefasto papel en 2013 durante la selección de candidatos a Fiscal General y Fiscal Adjunto. Eveline provocó que se retiraran del proceso de selección el actual director de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Carlos Hernández, la ex rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, y el entonces Comisionado de los Derechos Humanos (Conadeh), Ramón Custodio López.
Eveline participó en la elección de los fiscales sólo para cumplir con el mandato de incluir a Óscar Chinchilla y otros candidatos que no pasaron el examen psicométrico, pero que tenían el perfil idóneo para los intereses de Juan Hernández.
La inclusión de Chinchilla provocó que el 28 de agosto de 2013, Carlos Hernández, Julieta Castellanos y Ramón Custodio, se retiraran del proceso de selección, permitiendo que Eveline, representante de las universidades privadas; Luis Rivera Avilés, presidente de la CSJ; la magistrada Edith López, y Roy Urtecho, como presidente del Colegio de Abogados, manejaran el proceso a su antojo.
Chinchilla fue el único sobreviviente de la Sala de lo Constitucional defenestrada por el Congreso Nacional en la madrugada del 12 de diciembre de 2012, cuando Hernández era su presidente y candidato presidencial por el Partido Nacional. José Gutiérrez Navas, Gustavo Bustillo Palma, Rosalinda Cruz y José Francisco Ruiz fueron destituidos.
El argumento de los diputados para remover a los cuatro togados se fundamentó en que conspiraron contra el Estado en materia de seguridad, al aceptar el recurso de inconstitucionalidad contra el decreto 89-2012 que contenía la Ley Especial de Depuración de la Policía. Sin embargo, con el transcurrir de los meses la verdad se fue develando, cuando se confirmó que Hernández estaba allanando el camino para un segundo período presidencial.
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