Recientemente la Comisión de Depuración entregó al Ministerio Público expedientes que implican al menos 455 policías en presuntos actos ilícitos como sicariato, homicidios, extorsión y crimen organizado. El proceso de depuración inició el 12 de abril de 2016 y hasta la fecha no hay ningún policía procesado por Ministerio Público.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Durante diez extensos años, unos tres mil policías han sido sometidos a procesos de investigación al estar señalados por distintas denuncias, sin embargo las pesquisas para confirmar la inocencia o la culpa no han podido ser formalizadas por los órganos operadores de justicia, cuestiona sorprendido uno de los integrantes de la comisión de depuración policial hondureña y coordinador general de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), Omar Rivera.
Rivera dijo que el estancamiento de estos procesos de investigación en el Ministerio Público (MP) impacta directamente en los niveles de impunidad que vive en el país.
“Es lamentable que estas denuncias y estos procesos de investigación no se hayan podido tramitar adecuadamente en los distintos organismos operadores de justicia, o en las distintas instancias donde se denuncia la violación de derechos humanos” mencionó Rivera.
Además lamentó que “con una mora tan enorme en materia de evacuación de denuncias y de conclusión de investigaciones, es evidente que la sombra de la impunidad se cierne sobre la policía, condición que agudiza esta realidad del país”
La impunidad es la falta de castigo a los que cometen delitos, y en Honduras solamente cuatro de cada 100 homicidios terminan en sentencia condenatoria, para un 96% de impunidad, según un informe de la APJ, lo que convierte a la investigación criminal en el talón de Aquiles de la seguridad y justicia en Honduras.
Actualmente, la Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional trabaja en un proceso que permita la expulsión de las “manzanas podridas” de la Policía Nacional. Hasta el momento ha evaluado a 946 miembros, de los cuales 313 han sido suspendidos, 553 ratificados, mientras que 26 habían sido separados bajo la figura de retiro voluntario, 23 policías se encontraban suspendidos y otros 31 elementos policiales continuaban en proceso de investigación.
En ese sentido, el dirigente de sociedad civil y miembro de la Comisión Depuradora enfatizó que es difícil que se pueda impulsar procesos sostenibles de depuración, con investigaciones que lamentablemente no han sido de forma adecuada concluidas y evacuadas, pues impacta de forma directa en la impunidad. Recientemente los depuradores entregaron al MP expedientes que implican al menos a 455 policías en presuntos actos ilícitos como sicariato, homicidios, extorsión y crimen organizado.
La Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional fue nombrada el 12 de abril de 2016, y la misma está integrada por el Coordinador general de la APJ, Omar Rivera; el Presidente de la Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH), pastor Alberto Solórzano, y la abogada Vilma Morales.
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