De inmediato, se ha exigido al Instituto Nacional de Migración y a la oficina de Inteligencia que identifiquen a presuntos extranjeros que “provoquen actos vandálico” y que “se aplique a ellos los procedimientos que la ley indica”, esta advertencia fue emitida ayer a través de un comunicado que leyó el jefe de gabinete de la Presidencia de Honduras, Ramón Hernández Alcerro.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El gobierno de Honduras estigmatizó ayer las movilizaciones indígenas reprimidas por las fuerzas de seguridad y responsabilizó a supuestos extranjeros de provocar “disturbios”.
El jefe de gabinete, Jorge Hernández y el secretario privado Reinaldo Sánchez, amenazaron con encontrar y a los provocadores para castigarlos y, en el caso de los extranjeros, se les aplicará la ley.
Luego de la represión contra los miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), ambos funcionarios salieron a decir que “Casa Presidencial fue víctima de agresión por un grupo de personas que se identificaron pertenecientes al Copinh”.
“Como Gobierno hemos demostrado ser respetuosos del derecho legítimo que tiene la población hondureña a manifestarse de manera pacífica, y el Gobierno de la República quiere reiterar ese compromiso con el respeto al derecho ciudadano de manifestación pacífica”, dijo Hernández.
Volvió a amenazar a los protestantes que “no vamos a permitir las manifestaciones violentas, los actos de agresión en contra de la autoridad y en contra de los edificios públicos”.
“No permitiremos manifestaciones violentas que atenten contra los derechos humanos de la ciudadanía ni contra la libre locomoción y el derecho de transitar libremente a que tienen los pobladores”, insistió el jefe de gabinete.
A juicio del funcionario la movilización del Copinh “fue una acción violenta de un pequeño grupo de personas que creen que a través de este tipo de manifestaciones pueden lograr el objetivo de victimarse y producir el objetivo de provocar una reacción en contra del gobierno”.
De inmediato, exigió al Instituto Nacional de Migración y a la oficina de Inteligencia que identifiquen de inmediato a presuntos extranjeros que “provoquen actos vandálico” y que “se aplique a ellos los procedimientos que la ley indica”.
Cabe recordar que los miembros del Copinh fueron reprimidos ayer por guardias presidenciales, policías y militares, cuando reclamaban que el presidente Juan Hernández permita que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investigue de manera independiente el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, ocurrido el pasado 3 de marzo en La Esperanza, zona occidental de Honduras.
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