Una resolución aprobada en el Parlamento, Honduras es uno de los países más peligrosos para los defensores de DDHH, y las autoridades deben realizar «investigaciones inmediatas, objetivas y exhaustivas sobre estos asesinatos».
Agencias / EL LIBERTADOR
Bruselas. El Parlamento Europeo condenó hoy «en los términos más enérgicos» los recientes asesinatos en Honduras de los activistas Berta Cáceres, Nelson García y Paola Barraza, así como de otros defensores de derechos humanos, y reclamó investigaciones de esos crímenes para acabar con la impunidad.
Según una resolución aprobada en el Parlamento, Honduras es uno de los países más peligrosos de la región para los defensores de Derechos Humanos, por lo que sus autoridades deben realizar «investigaciones inmediatas, objetivas y exhaustivas sobre estos asesinatos y otros anteriores».
Pidieron asegurar asegurar que la «colaboración con la sociedad civil, la protección de los defensores de los derechos humanos, de los periodistas y de los profesionales de la justicia, tiene un adecuado funcionamiento y financiación». Los eurodiputados envían sus condolencias a las familias y amigos de todos los defensores de los Derechos Humanos.
Sobre el caso de Berta Cáceres, fundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), asesinada el 3 de marzo en su domicilio pese a las medidas cautelares para su protección que había dictado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH), constató que las autoridades hondureñas «no brindaron» una «protección adecuada».
Por eso, aun acogiendo «con satisfacción» que, a petición del Gobierno de Honduras, se impliquen en las pesquisas la ONU y la Organización de Estados Americanos (OEA), insta al Ejecutivo a que «movilice todos los medios» para «aplicar eficazmente» las 92 medidas cautelares de la CIDH vigentes actualmente en el país.
Los eurodiputados en su texto manifestaron «satisfacción» por las reformas legales y los esfuerzos para aliviar la situación de los defensores de los derechos humanos, sin dejar de repetir que están «profundamente preocupados» por la situación.
También hicieron hincapié en que las actividades allí de los inversores europeos «deben integrarse en un conjunto sólido de políticas de protección social y medioambiental».
Y pidieron a la Comisión Europea que vigile que la ayuda europea «no fomente ni permita proyectos de desarrollo a menos que estos cumplan la obligación de realizar una consulta previa y libre e informen a las comunidades indígenas», además de aplicar garantías sólidas en materia de derechos humanos, laborales y medioambientales.
Referencias al hecho de que los asesinatos de Cáceres y de Nelson García (también miembro del Copinh) se vinculan con la resistencia pacífica de esa organización al proyecto de presa hidroeléctrica de Agua Zarca en el río Gualcarque, que depende en gran medida de tecnología y de inversores europeos.
Un proyecto de «dimensiones faraónicas», según la Eurocámara, que hizo notar que se está llevando a cabo «sin haber realizado previamente una consulta libre» y sin haber buscado el consentimiento de las comunidades indígenas, contra lo que estipula la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Por eso, durante el debate de la resolución, diputados de la Izquierda Unitaria Europea (GUE), en particular los españoles Miguel Urbán (Podemos) y José Couso (Izquierda Unida) reclamaron la paralización de la presa y también del acuerdo de asociación de la Unión Europea con Centroamérica.
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