La coordinadora del Consejo Anticorrupción, Gabriela Castellanos, denunció la campaña de desprestigio surgida por las denuncias de compra irregular de equipos para el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop).
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El Consejo Nacional Anticorrupción de Honduras (CNA) denunció una campaña de desprestigio contra el organismo luego que se denunciara irregularidades en la compra de equipos en el Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) durante la gestión del actual diputado nacionalista David Chávez.
La coordinadora del organismo, Gabriela Castellanos, denunció la campaña ya que “no es más que una presión política de ciertos sectores, para callar las denuncias que el Consejo interpuso la semana anterior en contra de un actual funcionario de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que en su momento laboró para el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) y de un funcionario que ocupa actualmente un importante cargo en el Congreso Nacional”.
Consideró Castellanos que “estos señalamientos y denuncias en contra de empleados no van a ser ningún obstáculo para que el CNA continúe investigando y denunciando ante los órganos persecutores del delito a todos aquellos servidores públicos que se vean involucrados en actos de corrupción”.
Por su parte, el embajador de EE.UU. en Honduras, James Nealon, respaldó la postura del Consejo Nacional Anticorrupción y felicitó a los miembros del organismo por el trabajo que han realizado.
A CONTINUACIÓN EL COMUNICADO EMITIDO POR EL CNA:
A raíz de la denuncia que interpusieron los abogados Marlon Duarte y Daniel Rivera Mena ante el Ministerio Público y medios de comunicación, el día martes 5 de abril de 2016, por la supuesta compra irregular que siguió la Dirección Ejecutiva y Jefe de la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), para la adquisición de vehículos, sin realizar un proceso de licitación; el CNA a la población hondureña en general comunica lo siguiente:
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) como una instancia de sociedad civil, que invierte sus mejores esfuerzos para prevenir y combatir la corrupción, aclara a los ciudadanos y ciudadanas del país, que de acuerdo a lo establecido en el artículo 1 segundo párrafo de la Ley de Contratación del Estado, el CNA no está regido bajo esa normativa, sin embargo, ha sido respetuoso siguiendo procesos transparentes para la adquisición de bienes y servicios.
El Consejo Nacional Anticorrupción como organización de sociedad civil, está debidamente acreditada ante la Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (URSAC) de la Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización (SDHJGD), donde solamente pueden ser registradas las organizaciones no gubernamentales y las de sociedad civil, bajo este parámetro el CNA no califica como un ente estatal o gubernamental.
Es oportuno destacar que tanto los representantes de la Asamblea General que son la máxima autoridad del CNA, como los integrantes del Comité Ejecutivo, la Directora Ejecutiva, el jefe de la Unidad de Investigación y el resto del personal que labora en el Consejo, no son funcionarios ni empleados públicos; sino que son ciudadanos en el ejercicio de sus derechos como miembros de la sociedad civil.
Ante los cuestionamientos vertidos por los abogados Marlon Duarte y Daniel Rivera Mena, en el sentido que el Consejo, no rinde informes al Congreso Nacional ni al Tribunal Superior de Cuentas, el CNA como entidad respetuosa de la ley, ha presentado informes de ejecución de los fondos asignados en concepto de donación y, de las actividades que realiza en la prevención y combate a la corrupción, tanto al Congreso Nacional de la República, a la Secretaría de Finanzas, a la Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (URSAC), la Organización de Estados Americanos (OEA) así como a la sociedad hondureña en general.
En la denuncia que interpusieron el abogado Duarte y Rivera, acusan directamente a la abogada Gabriela Castellanos, directora ejecutiva y al doctor Odir Fernández jefe de la Unidad de Investigación, Análisis y Seguimiento de Casos del CNA, por los delitos de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y enriquecimiento ilícito; el CNA a la opinión publica manifiesta que los delitos antes mencionados, son tipos penales especiales, ya que requieren que el sujeto activo del delito sea un funcionario o empleado público investido de autoridad, aspecto que ni la abogada Castellanos ni el doctor Fernandez ostentan, ya que ambos son empleados de una organización de sociedad civil.
Esta campaña de desprestigio montada en contra del CNA, no es más que una presión política de ciertos sectores, para callar las denuncias que el Consejo interpuso la semana anterior en contra de un actual funcionario de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que en su momento laboró para el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) y de un funcionario que ocupa actualmente un importante cargo en el Congreso Nacional; estos señalamientos y denuncias en contra de empleados del CNA no van a ser ningún obstáculo para que el CNA continúe investigando y denunciando ante los órganos persecutores del delito a todos aquellos servidores públicos que se vean involucrados en actos de corrupción.
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