Conozca en detalles quiénes son los 15 notarios propuestos por el bipartidismo para dirigir la Corte Suprema de Justicia de Honduras, que fue frustrada por las bancadas de Libertad y Refundación (Libre) y Partido Anticorrupción (Pac) al considerar que se violentaron normas constitucionales.
Siete de los propuestos son originarios de Lempira, entre ellos, el exjefe de Fiscales, Rolando Argueta, Reynaldo Hernández, ambos de filación nacionalista y la notaria liberal Reina Hércules. De esta región es originario el presidente Juan Orlando Hernández (JOH).
Entre los propuestos hay individuos afines a Hernández, funcionarios violadores de DDHH, como Jorge Alberto Zelaya Zaldaña (foto); activistas convencidos del Partido Nacional y Liberal, incluso, altos funcionarios que dicen desconocer multimillonarias demandas contra el Estado de Honduras y que suelen ser ganadas por empresas multinacionales, cuyos montos los paga la sociedad mediante impuestos.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La nómina de los candidatos a ocupar un curul en el Poder Judicial de Honduras está repleta de violadores a los derechos humanos y cuadros de extrema confianza del presidente Juan Hernández.
Es más, varios de ellos son originarios del occidental departamento de Lempira, lugar de nacimiento del jefe de Estado. Tanto el exjefe de fiscales Rolando Argueta y el notario Reynaldo Hernández, son paisanos del actual ocupante de Casa de Gobierno.
EL LIBERTADOR halló que en el listado que pretendió aprobar nacionalistas y liberales, fueron quitados aquellos aspirantes críticos al gobierno, entre ellos, el asesor legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Armando Urtecho, el notario Juan José Alcerro y el docente universitario, Arturo Caballero.
En el caso de Caballero, fue excluido por cuestionar la resolución del Tribunal Constitucional de dejar sin fuerza legal el artículo 239, que prohíbe hablar de la reelección presidencial. Este abogado ha sido cuadro de confianza del exsecretario de gobernación, Rigoberto Chang Castillo, muy afín al mandatario.
En la nómina –consensuada con la bancada liberal y con la venia del excandidato presidencial Mauricio Villeda– quedó gente con funciones en la administración pública; algunos, leales a la Confraternidad Evangélica de Honduras, que tiene influencia en el Poder Ejecutivo y bendijo el golpe de Estado del 28 de junio de 2009.
Fue propuesto como magistrado, el violador de DDHH, Jorge Alberto Zelaya Zaldaña, quien amenazó con mandar a la cárcel al director de EL LIBERTADOR, Jhonny José Lagos, por consultar al pueblo si estaba de acuerdo o no con una nueva Carta Magna.
Este periódico presenta quiénes son los 15 magistrados bipartidistas que pretendían dirigir el Poder Judicial:
1- Rolando Edgardo Argueta Pérez (Nacionalista)
Nacido en Lepaera, Lempira, fue propuesto por la Confraternidad Evangélica, pero las centrales obreras también lo llevan en su lista de candidatos. Sin tener carrera de fiscal, fue nombrado director de Fiscales del Ministerio Público (MP), pocos días después que Óscar Chinchilla asumiera el cargo de Fiscal General, este último mantuvo relaciones laborales con Argueta Pérez cuando ambos estuvieron asignados por el Poder Judicial en los conflictivos juzgados de Copán. Argueta fue juez de Paz de lo Criminal, juez de Letras del Tribunal de Sentencia y magistrado de la Corte de Apelaciones de Copán. Es catedrático universitario con estudios de postgrado en materia penal. El Congreso lo nombró consejero propietario de la Judicatura, cargo que no asumió porque días después fue nombrado coordinador de Fiscales. También compitió para ser Fiscal General del Estado. Aseguran que tiene mucha capacidad profesional, pero critican que no tiene el valor de iniciar procesos de investigación a sus amigos involucrados en acusaciones ilícitas. Después de que salió a la luz pública el cierre forzoso de Banco Continental y la intervención de las empresas del grupo económico de la familia Rosenthal, Argueta afirmó que el MP no había hecho ninguna investigación por lavado de activos contra esa familia, pese a que durante el periodo comprendido del 25 de junio de 2012 al 28 de mayo de 2015, la Comisión de Bancos y Seguros (CNBS) envió once denuncias a la Fiscalía General contra el grupo Continental por concepto de “captaciones irregulares de fondos del público”, realizadas por Inversiones Continental Panamá, S. A. e Inversiones Continental, S. A. de C. V. La mayoría de las denuncias se presentaron en la gestión de Argueta.
2- Reynaldo Antonio Hernández Sorto (Nacionalista)
Originario de Lempira. Exjuez de letras, exmagistrado de Apelaciones en Santa Bárbara y Copán, excoordinador de los juzgados de San Pedro Sula, exdirigente gremial del Colegio de Abogados de Honduras y actualmente ejerce privado. Su bufete forma parte de la exclusiva lista de juristas que la embajada de EE.UU. recomienda a sus ciudadanos. Se ha dicho que es primo del presidente Juan Hernández; él ha negado este extremo. Tiene amplia experiencia en tribunales, fue magistrado en la Corte de Apelaciones en Santa Rosa de Copán, coordinador de Tribunales en San Pedro Sula y magistrado de apelaciones. Incursionó en 2012 como precandidato a diputado por Lempira en la corriente «Salvemos Honduras» del exalcalde Ricardo Álvarez.
3- Edwin Francisco Ortez Cruz (Nacionalista)
Propuesto por la Confraternidad Evangélica, se desempeña como asistente de magistrado de la Corte Suprema de Justicia, fue asistente de la exmagistrada de la Sala de lo Civil, María Elena Matute de Hernández, cuñada del presidente Juan Hernández y hermana de Óscar Raúl Matute, secretario del Interior en el gobierno de facto de Roberto Micheletti Baín. Trascendió que en 2009, Ortez Cruz fue quien elaboró la resolución para que Juan Hernández fuera reelecto como diputado al Congreso, violando la Constitución de la República.
4- Lidia Álvarez Sagastume (Nacionalista)
Originaria de Santa Rita, Yoro. Fue miembro del Tribunal de Justicia Partidaria del Partido Nacional, y fue nominada por la Confraternidad Evangélica. Fungió como secretaria ejecutiva del Instituto de la Propiedad y directiva de la Contraloría del Notariado de la Corte Suprema durante el gobierno de Porfirio Lobo Sosa. Además, fue asesora jurídica del Registro Nacional de las Personas (RNP), del Patronato Nacional de la Infancia (Pani) y de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Ya había sido postulada a magistrada en 2008 por las universidades.
5- Jorge Alberto Zelaya Zaldaña (Nacionalista)
Propuesto por la Corte Suprema de Justicia. Ha fungido como juez del Tribunal Contencioso Administrado. Fue un “connotado” violador de la libertad de prensa y de expresión durante el golpe de Estado de 2009. Entre otras acciones de evidente abuso de autoridad, amenazó con encarcelar al Director-Fundador del periódico EL LIBERTADOR, Jhonny José Lagos Henríquez, por consultar al Soberano de si quería o no una nueva Constitución de la República. Además, guarda lealtad al Partido Nacional. Su padre, militó en la corriente del histórico dirigente Ricardo Zúniga Augustinus.
6- Miguel Alberto Pineda Valle (Nacionalista)
Fue subgerente de campaña del mandatario Hernández. Es Hermano de Mario Pineda Valle, quien es el actual director del Programa Nacional de Desarrollo Rural y Urbano Sostenible (Pronaders) y del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), entre otras dependencias a su cargo.
7- José Olivio Rodríguez Vásquez (Nacionalista)
Fue propuesto por los trabajadores. Es el jefe de Recursos Humanos del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop).
8- Rafael Bustillo Romero (Nacionalista)
Fue candidato a fiscal general en la viciada elección de 2013. Es juez de la Corte Segunda de Apelaciones Civil de Francisco Morazán. En 2008 se autopropuso para ser alto juez.
9- Alma Consuelo Guzmán García (Liberal-Michelettista)
Originaria de Puerto Cortés. De filiación liberal, tuvo aspiraciones políticas por la facción del dictador, el transportista Roberto Micheletti Baín en 2005. Exfuncionaria administrativa del Ministerio Público. Asimismo, es suegra del directivo de las Zonas Francas de Honduras, Guillermo Peña Panting.
10- María Fernanda Castro Mendoza (Liberal)
Fue propuesta por la Corte Suprema de Justicia. En 2014, aspiró a dirigir el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
11- Reina Auxiliadora Hércules Rosa (Liberal)
Originaria de Gracias, Lempira. Exfuncionaria de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y de la Dirección General de Servicio Civil, exjueza de Letras en Gracias, Lempira.
12- Rina Auxiliadora Alvarado Moreno (Liberal)
Originaria de San Pedro Sula. Fue secretaria ejecutiva del Instituto de la Propiedad (IP), es magistrada de la Corte Tercera de Apelaciones de lo Civil y docente universitaria; fue integrada para conocer sobre la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional donde votó en contra. Esposa del comisionado de IAIP y militar retirado, Damián Álvarez.
13- Edgardo Cáceres Castellanos (Liberal)
Autopropuesto. Realizó estudios sobre Relaciones Laborales y Derecho Laboral Internacional en Costa Rica, España, Italia y Suiza. Fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia (1994-1998), secretario de la Asesoría Judicial Centroamericana, presidente honorario de la Asociación Centroamericana y del Caribe de las Leyes Laborales y de Seguridad Social. Su experiencia académica y administrativa implica su labor como fundador y miembro de la Asociación Iberoamericana de Leyes de Seguridad Social y Trabajo, expresidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Honduras. Fue diputado por el departamento de Francisco Morazán de 1990 a 1994.
14- Jorge Abilio Serrano Villanueva (Liberal)
Autopropuesto. Es subprocurador del Estado de Honduras y vocal primero de la Junta Directiva de Cruz Roja Hondureña.-EL LIBERTADOR reveló que Serrano, desconocía las demandas contra el Estado; tampoco sabía de los avances o traspiés que han tenido las acciones legales emprendidas por multinacionales, empresas locales o personas particulares. Cabe mencionar que es la segunda vez que el alto funcionario respondía que ignoraba la magnitud de las demandas que se entablan contra el pueblo hondureño.-Lo mismo ocurrió con la multa de un millón de dólares contra la concesionaria Saisa por incumplimiento de contrato de construcción del aeropuerto de Palmerola. El funcionario alegó que sólo se dedicaba a “temas internacionales”, relacionadas con demandas contra el Estado hondureño en el extranjero, ignorando que el artículo 6 de la Procuraduría General de la República (PGR), exige que “el Subpocurador asistirá al Procurador General en el cumplimiento de sus funciones y lo sustituirá en los casos de ausencia, falta temporal, legítimo impedimento, y en los que menciona el artículo 10 de esta ley”. Al cierre de 2015, había demandas de empresas locales y multinacionales y de trabajadores despedidos por unos 7,300 millones de lempiras, según estimaciones preliminares de la PGR.
15- Juan Wilfredo Castellanos Hipp (Liberal)
Originario de San José de Colinas, Santa Bárbara, tiene trayectoria profesional en materia de derechos humanos como Comisionado Regional del Norte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) y propuesto por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).
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