

Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El Fondo de Seguridad Poblacional o “Tasa de Seguridad” no podrá ser auditada durante 15 años por estar protegida por la Ley de Secretos Oficiales, creada por el Parlamento hondureño.
Este extremo fue confirmado por la magistrada del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), Daysi Oseguera, quien aseguró que por existir la traba legal no se puede auditar.
Tampoco puede ser objeto de supervisión, por la naturaleza de la ley aprobada por el Congreso anterior, a iniciativa del exdiputado Rodolfo Zelaya; puede ser supervisado el fondo si el Congreso determina reformar o derogar la Ley de Secretos y la anulación del decreto por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, dijo Oseguera.
Respecto al extremo hermetismo de la normativa, temas relacionados con la defensa y seguridad “son asuntos reservados”, informó la magistrada del TSC y tampoco descarta que en el corto o mediano plazo se pueda modificar.
Estas declaraciones surgen luego que se revelara déficit en el ingreso de recursos a la Tasa de Seguridad, que ascienden a unos 1,500 millones de lempiras, según señaló el coordinador del Comité Técnico del Fideicomiso, Juan Ramón Molina.
Asimismo, EL LIBERTADOR investigó que se han efectuado compras con los recursos del fideicomiso para la compra del avión presidencial, que asciende a unos 300 millones de lempiras.
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