El Ministerio Público de Honduras exige al magistrado Víctor Lozano (gráfica izq.) que se abstenga de juzgar al concejal Teodoro Bonilla (gráfica der.), tras haberse revelado grabaciones donde se demuestra la amistad de ambos; los apoderados legales exigen que se despida a la juez que autorizó la obtención de las escuchas telefónicas para aportar pruebas al juicio contra Bonilla, señalado de pretender liberar a dos presuntos mafiosos.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El juez natural Víctor Lozano Urbina no tiene que conocer el caso contra el concejal Teodoro Bonilla por una serie de vínculos que ambo comparten.
Esta petición de recusación la hizo ayer el Ministerio Público, quien pidió al titular del Tribunal Constitucional que se abstenga de proseguir con el juicio contra Bonilla, señalado de tráfico de influencias y abuso de autoridad por haber querido liberar a dos parientes relacionados con el crimen organizado.
Esto –dijo el organismo acusador– se basa en una serie de escuchas telefónicas que fueron autorizadas por una jueza, sobre la que pende un eventual despido.
“El Estado mediante el Ministerio Público debe presentar pruebas enmarcadas en la ley para garantizar el derecho de defensa y el debido proceso”, dijo Marvin Cálix, apoderado legal de Bonilla.
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Otro de los apoderados, José Adalid Rodríguez, señaló que las pruebas que presenta el Ministerio Público son “absolutamente prohibidas”.
De hecho, sostuvo que el organismo “tiene intervenidas las comunicaciones del magistrado Víctor Manuel Lozano, asumimos que tienen intervenidos a todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por lo que la defensa alega que se trata de una prueba ilícita que violenta la Constitución de la República, los tratados y convenciones de derechos humanos que Honduras forma parte”.
El jurista consideró que existe en la prueba de audio “como un acto delictivo” porque se actuó al margen de la ley.
Pidieron las copias de las grabaciones entre Lozano Urbina y el concejal acusado para proceder contra el operador de justicia.
Rodríguez añadió que los fiscales vinculados en el caso “cometen delito al estar interviniendo arbitrariamente las comunicaciones a todos los hondureños sin que estén sujetos a proceso”.
“Sobre la base de esa excusa –respecto a la amistad entre juez y acusado– que fue desestimada por el pleno de la Corte, vienen hoy a interponer una recusación con la misma causal, lo cual es improcedente porque ambas son iguales. El Ministerio Público juega con la opinión pública porque saben que tienen un requerimiento totalmente infundado”, dijo.
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