Rodrigo Rato, años atrás, visitó Honduras con misiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), y es en gran medida el pionero de la pobreza del pueblo hondureño, junto a gobiernos que siguieron sus consejos neoliberales, cuando fungía como alta autoridad en el organismo financiero multilateral.
Agencias / EL LIBERTADOR
Madrid. El titular del Juzgado de Instrucción nº 31 de esta ciudad, Antonio Serrano-Artal, ha ejecutado este jueves un embargo de bienes por importe de 18 millones de euros al exvicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, al no haberse hecho efectiva la fianza que acordó contra él juez Antonio Serrano-Artal, en concepto de responsabilidad civil, en el marco de la causa que le investiga por delitos de corrupción entre particulares, delito fiscal y blanqueo de capitales.
El embargo ha sido realizado por el secretario del juzgado, entre los bienes afectados está, la pensión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que Rato percibe en su calidad de exdirector de la institución, han informado fuentes jurídicas.
El pasado mes de mayo, el mismo juzgado, que es el órgano que investiga a Rato por cinco delitos fiscales, blanqueo y alzamiento de bienes, le impuso una fianza de 18 millones de euros si quería que le desbloquearan sus cuentas y depósitos.
Entonces, las cuentas corrientes, depósitos, fondos de inversión y planes de pensiones, además de otros productos financieros de Rato, fueron bloqueados como medida cautelar.
Por otra parte, el juez Serrano-Artal ha tomado declaración este jueves, en calidad de imputado a Domingo Plaza, abogado y socio de Rato. A él no se le ha impuesto medida cautelar alguna al término de la diligencia.
Domingo Plaza, quien constituyó la sociedad patrimonial Kradonara, cuya titularidad real se atribuye a Rato, es el tercer imputado en este procedimiento después del propio Rodrigo Rato y el empresario, que es presunto testaferro del exvicepresidente Alberto Portuondo.
El Juzgado de Instrucción, continúa la investigación de la causa con independencia de la cuestión, que aún está pendiente de resolverse después de que el juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, rechazara la inhibición planteada por Serrano-Artal.
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