La presidenta del nacionalismo, Gladis López, aseguró que «no han interferido» en decisiones del Poder Judicial y Ministerio Público, en el caso de algunos dirigentes que han denunciado «persecución política».
Redacción Central/ EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La cúpula del Partido Nacional de Honduras, dice “desmarcarse” de los correligionarios que han sido requeridos por los operadores de justicia del Estado para que rindan cuentas sobre presuntos actos de corrupción.
Al respecto, la presidenta del Comité Central del Partido Nacional, Gladis López, justificó que los requerimientos fiscales, emitidos por el Ministerio Público, contra miembros de su institución, entre ellos, la vicepresidenta del Legislativo Lena Gutiérrez, son “una muestra que en Honduras se está cumpliendo la ley, sin importar el partido político al que pertenezca el acusado o requerido”.
La petición efectuada por el ente acusador, dijo, “tienen un valor encomiable”; asimismo, consideró como responsable que la actual vicepresidenta y su familia, cuya cabeza es el empresario y dirigente deportivo Marco Tulio Gutiérrez, “hacen bien en presentarse ante los operadores de justicia, facilitando el proceso de investigación”.
Los representantes del nacionalismo, arguyó, “son respetuosos de los procesos legales y están dispuestos brindar todo su apoyo a las investigaciones…tampoco afecta al partido con vista a las próximas elecciones”.
La dirigente consideró que “el pueblo reconoce la valiosa acción del presidente que ha logrado a lo largo del año y medio de gobierno”.
“Honduras es un Estado de derecho donde hay espacio para defenderse, pero el Partido Nacional no tienen ninguna injerencia en el Poder Judicial y en ninguno de los poderes del Estado; porque tenemos un compromiso definido y claro con el pueblo hondureño”, comentó.
Estas declaraciones surgen tras las pruebas presentadas por el Ministerio Público, contra la familia Gutiérrez, quienes tuvieron que salir al paso de los señalamientos al sostener que es una “persecución política”.
Otros miembros del partido de gobierno han sido acusados por estar vinculados al megafraude contra el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
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