En Honduras, las autoridades muchas veces no comprenden la ley y terminan tipificando el feminicidio como un homicidio agravado, y cuando se hacen las investigaciones pierden el enfoque y truncan así las posibilidades de una justicia efectiva, y esto se debe a que los funcionarios del sistema judicial mantienen una negación ante la violencia de género.
Belinda Portillo*
Columnista
EL LIBERTADOR
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Según reportes en medios de comunicación impresos y digitales, al 31 de mayo de 2022 se registraron 130 muertes violentas de mujeres. La muerte violenta de las mujeres por razones de género, es tipificada en nuestro sistema penal como feminicidio, es la forma más extrema de violencia contra la mujer y una de las manifestaciones más graves de la discriminación hacia ellas. El feminicidio hace parte de las múltiples y complejas violencias contra las mujeres, y no puede entenderse sólo como un asesinato individual, sino como la expresión máxima de esa violencia, en la que el sometimiento a los cuerpos de las mujeres y extinción de sus vidas tiene por objetivo mantener la discriminación y la subordinación de género.
Según el Centro de Estudios de la Mujer (CDM), 78.57% de los feminicidios registrados fueron perpetrados por la pareja o expareja de las víctimas, haciendo realidad la frase bíblica: “Hasta que la muerte nos separe”. Esto es el final de un continuum de violencia y la manifestación más brutal de una sociedad patriarcal, que aun hoy se mantiene intacta en nuestro país; donde muchas mujeres después de ser asesinadas son descuartizadas y violadas; repitiéndose siempre el mismo patrón: “Es el hombre el que decide, el que cuida, el que protege y el que da o quita”. Después de haber asesinado a sus parejas o exparejas, la mayoría de estos hombres se cobijan bajo la impunidad, ya que solo el 10% de estos asesinatos son investigados y condenados, el 90% quedan en el olvido, sin castigo, debido a una justicia inoperante e indiferente.
El 40.18% de los asesinatos contra mujeres se sigue concentrando en Cortés y Francisco Morazán, seguido por Olancho con un 12.50%. El Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe señaló que en 2020 el país en donde más feminicidios hubo por cada 100 mil mujeres, fue Honduras que registró durante todo ese año 278 muertes violentas de mujeres. En cinco meses que han transcurrido del año 2022, Honduras lleva ya registradas 130 muertes de mujeres que representa el 40.32% cifra total que se registró en el 2020. Detrás de estos datos fríos hay machismo, dolor, sufrimiento, codependencia y soledad.
Estas mujeres, en su gran mayoría, sólo conocieron y vivieron la violencia familiar y la de su entorno, desde su gestación, niñez adolescencia y adultez, los patrones son repetitivos de círculos de crimen, y no conocieron otra forma de vivir. Los feminicidios cuentan la historia de la “relación desigual de poder entre hombres y mujeres”, de sueños truncados, de familias destruidas donde están presentes factores como la “dependencia económica y psicológica”, que provoca que la violencia sea cíclica, por ello es urgente que se generen más oportunidades de trabajo para las mujeres, con el fin de evitar que la dependencia económica las mantenga amarradas a una situación de violencia.
Las autoridades afirman que están logrando avances en el tema, sin embargo, las cifras siguen desvirtuando ese supuesto ‘avance’. Cada vez hay más inseguridad y violencia, y no se puede ni se debe negar. Durante todo el año, son cientos de denuncias las que se interponen; no obstante, nuestro sistema de justicia sirve de poco y éstas terminan ignoradas, engavetadas y se pierden entre tantas otras. Los datos son alarmantes y desvalida cualquier argumento que pretenda restarle peso o importancia al tema.
En Honduras, las autoridades muchas veces no comprenden la ley y terminan tipificando el feminicidio como un homicidio agravado, y cuando se hacen las investigaciones pierden el enfoque y truncan así las posibilidades de una justicia efectiva, y esto se debe a que los funcionarios del sistema judicial mantienen una negación ante la violencia de género que no les permite generar una verdadera política criminal para juzgar y condenar de forma expedita a quienes asesinan a las mujeres y niñas. No podemos olvidar que detrás de cada muerte hay una familia que sufre, una madre que no podrá abrazar nunca más a su hija e hijos que no verán nunca más a su madre.
Es urgente que las autoridades y la sociedad entiendan que el feminicidio y la violencia feminicida son asuntos que atraviesan la organización social, que han sido naturalizados y legitimados históricamente, por ello resulta fundamental que desde los tres poderes del estado se generen acciones integrales que incluyan leyes junto con su implementación decidida, para proteger a las mujeres y las niñas ante la violencia, medidas de prevención desde una edad temprana y la prestación de servicios accesibles a todas las sobrevivientes. Además, son fundamentales todos los esfuerzos que contribuyan a las transformaciones culturales que faciliten la sanción social de la violencia contra las mujeres y susciten reflexiones hacia la construcción de relaciones equitativas, en las que ser mujer no implique riesgo para la vida.
*Economista con estudios de maestría en Planificación y Política Económica, con más de 30 años de experiencia en el área de Derechos humanos de La Niñez y Derecho de las Mujeres; 20 años de trabajo en ámbito internacional en esos temas. Actualmente se desempeña en el sector Salud como representante en Honduras de la empresa “Procesos Inteligentes”, de capital colombiano.