Los métodos de enseñanza de la Policía Nacional son anticuados y antidemocráticas, solo sirven para garantizar una jerarquía y una disciplina dentro del organismo y para crear cierta imagen de éste. No sirven para enseñar a proteger a la población ni a los mismos aspirantes a policías. Bajo este sistema los derechos humanos de los aspirantes a policías son violados con frecuencia.

Belinda Portillo*
Columnista
EL LIBERTADOR
redaccion@ellibertador.hn

La extraña muerte de tres aspirantes a oficiales de policía, suscitada en la Academia Nacional de Policía (ANAPO) el entre el 11 y el 12 de septiembre –mientras que la más reciente, registrada el día 19–, ha despertado una serie de dudas sobre las prácticas de enseñanza en las academias policiales y militares de nuestro país, sobre todo, por las contradicciones entre lo que dicen los testigos, que aseguran que las pruebas a las que se someten los aspirantes demandan exigencia física extrema, en contraste con la versión que hasta hoy sostienen las autoridades policiales, que afirman que lo sucedido se debió a una intoxicación alimentaria y al consumo de bebidas energéticas –esta última hipótesis, descartada en autopsias– y hasta de una “conspiración”. Ya 19 días después de ocurrido los hechos, no hay un informe oficial sobre el resultado de las investigaciones realizadas en la ANAPO, ni sobre las causas que provocaran la muerte de estas personas y cuál fue la causa para que la salud de 34 de los aspirantes a auxiliares de policía fuera afectada. Pareciera que no hay voluntad política por aclarar los hechos y deducir responsabilidades.

No hay que olvidar que el Estado tiene el deber de asegurar que las personas que ingresan a una escuela policial, lo hagan en condiciones compatibles con el respeto de la dignidad humana, y que los procedimientos y métodos del entrenamiento no los someta a angustia o sufrimiento físico o psicológico que exceda el nivel inevitable de firmeza inherente de la disciplina policial. Es deber también del Estado dar una respuesta a los familiares de las víctimas, quienes tienen derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, no una versión donde se protege a los culpables. La población está en espera de la respuesta del Estado, y la pregunta que nos hacemos es: ¿será éste capaz de vencer el fantasma del golpe de estado y dar un mensaje contundente a la policía con cero tolerancia a la violencia, venga de donde venga y de que nadie está sobre la ley?

Resulta fundamental tener presente que en este tipo de situaciones el Estado ostenta una posición de garante sobre la protección y respeto de los derechos de las personas que estudian en la ANAPO, ya que el tipo de instrucción y la aplicación de normas de disciplina dependen directamente de la autoridad de un órgano estatal.

Este tipo de instrucción abusiva no es algo nuevo, es y ha sido una norma en las instituciones de formación castrense. La dureza del entrenamiento es un filtro y a la vez un acondicionamiento ideológico (doctrinario) para preparar al efectivo para cumplir con las órdenes sin discutir. En el ámbito militar y o policial no hay debate sobre las ordenes que imparte un superior; utilizan un régimen de entrenamiento, en el que los abusos físicos, psicológicos y disciplinarios por parte de los superiores se presentan con frecuencia, una cultura donde todo se oculta, donde nadie se queja y todo por orden superior.

¿Cómo la Policía, de corte civil, puede servir a la sociedad si sus integrantes son entrenados para reprimir, golpear y violentar derechos humanos? Estamos de acuerdo con que los oficiales deben entrenar físicamente y desarrollarse en situaciones de estrés para aprender a pensar rápido, también a desarrollar su capacidad de escucha, negociación y toma de decisiones, pero nuestra realidad es que actualmente los entrenan como si fueran perros de pelea (acción y reacción), lo que fomenta la desconfianza de la población hacia los cuerpos policiales, a los cuales no ven como un referente de protección, sino más bien como un órgano de represión y violencia, y esta cultura de la violencia policial nace de la deshumanización a la que son sometidos día a día los aspirantes a oficiales durante los entrenamientos.

Los aspirantes a policía no tienen derechos, están a expensas de los caprichos de sus instructores, sólo se les permite decir “Sí señor”/ “No señor”, entonces ¿cómo puede una policía que recibe una formación antidemocrática proteger una sociedad democrática? Los métodos de enseñanza de la policía son anticuados y antidemocráticas, solo sirven para garantizar una jerarquía y una disciplina dentro del organismo y para crear cierta imagen de éste. No sirven para enseñar a proteger a la población ni a los mismos aspirantes a policías. Bajo este sistema los derechos humanos de los aspirantes a policías son violados con frecuencia, cómo podemos exigirles que respeten los derechos de los ciudadanos cuando sus propios derechos no han sido respetados en su proceso de formación.

Lo que paso en la ANAPO, es una oportunidad para que las autoridades actuales definan qué tipo de Policía quieren para el país, una que sirva a los intereses de los grupos de poder como filial del oscurantismo militar, o una que esté enfocada en la dignidad humana y en el respeto a los ciudadanos y sea un referente para la seguridad ciudadana. Si la apuesta es por la segunda opción, es urgente que se desarrolle un proceso sostenido de capacitación y formación de la policía en derechos humanos, sobre todo entre el personal encargado de la instrucción policial; estableciendo protocolos internos eficaces para la tramitación de quejas del personal subalterno; sancionando efectivamente los maltratos y abusos; y adoptando mecanismos de reparación a favor de las víctimas y, sobre todo, asegurándose que la Policía tenga los mismos derechos y responsabilidades que el resto de la ciudadanía, y que sea consciente de que cualquier exceso cometido contra sus miembros o contra la ciudadanía será castigado por la ley.

*Economista con estudios de maestría en Planificación y Política Económica, con más de 30 años de experiencia en el área de Derechos humanos de La Niñez y Derecho de las Mujeres; 20 años de trabajo en ámbito internacional en esos temas. Actualmente se desempeña en el sector Salud como representante en Honduras de la empresa “Procesos Inteligentes”, de capital colombiano.