El Gobierno anterior, se recostó en la Confraternidad Evangélica y la usó como soporte moral para todas sus actuaciones, aun aquellas contrarias a las leyes y a los principios del cristianismo. Por su parte, la Confraternidad uso al Estado para obtener una serie de prebendas.
Belinda Portillo *
Columnista
EL LIBERTADOR
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Inmediatamente después de que se conociera la resolución de la Corte Suprema de Justicia de autorizar la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández, el pastor Roy Santos manifestó en un hilo de tweets que Juan Orlando era inocente, víctima de una conspiración por venganza, añadió además: “que Dios ha permitido esto para un siguiente sacudimiento a Honduras en toda esfera que alcanzará a poderosos”. La actuación del pastor Santos es una muestra clara de la injerencia de la religión en la política, en un país en el cual, la Constitución de la República lo declara un Estado laico.
Hoy en Honduras vivimos procesos de desigualdad y fragmentación crecientes donde cohabitan sectores con amplios poderes, ganancias y beneficios, junto a otros que cada vez tienen menos posibilidades de vida digna y duradera. Las promesas de “Una Vida Mejor” hechas por la clase gobernante no se concretizaron, al contrario, convirtieron al país en un “narcoestado” que creó nuevos ricos y más desigualdad con la bendición de una Confraternidad Evangélica cuya bandera es el Evangelio de La Prosperidad (Evangelio de Pídalo y Recíbalo), donde la pobreza y riqueza es voluntad de Dios, que retribuye aquel que siembra la semilla y paga fielmente sus diezmos y ofrendas.
El peligro de esta simbiosis entre la política y religión, es que no estamos ante una organización religiosa “pasiva”, que solo actúan en el ámbito privado, sino frente a actores que se mueven, presionan, activan en todas las clases sociales y en el ámbito político, con objetivos propios de corto y largo plazo, con multiplicidad de relaciones dentro y fuera del campo religioso y que hacen uso –y abuso– de la angustia generalizada que se vive en Honduras, y que empuja a miles de hondureños a encontrar respuestas en la religión. Esta simbiosis político-religiosa, ha generado mucha confusión y se ha violentado muchos derechos. Hoy el 41% de la población hondureña, profesa la religión evangélica; toda esta población, aun los más necesitados, pagan puntualmente un diezmo a su iglesia para beneficio futuro de su vida espiritual y beneficio inmediato de los pastores, algunos de los cuales, por el negocio de la fe, se han convertido en millonarios.
El Gobierno anterior, se recostó en la Confraternidad Evangélica y la usó como soporte moral para todas sus actuaciones, aun aquellas contrarias a las leyes y a los principios del cristianismo. Por su parte, la Confraternidad uso al Estado para obtener una serie de prebendas, como la exoneración de todo tipo de impuestos, recibir transferencias millonarias de fondos públicos para hacer proyectos para beneficiar a los pobres, y como si esto no fuera poco a raíz de la pandemia por COVID-19, se aprobó vía Decreto Ejecutivo el pago de 10,000 lempiras mensuales por tiempo indefinido para todos los pastores mayores de 60 años, además todos los miembros de la Confraternidad Evangélica gozaran de seguro médico, jubilación y creación de una Cooperativa de Ahorro y Crédito, pagado con fondos estatales. Todo esto efectivo desde septiembre de 2020.
Por supuesto que los autonombrados pastores, profetas, apóstoles, reverendos que proclaman los nuevos evangelios de prosperidad-sanidad-autoestima-dominio terrenal, etcétera, defenderán a muerte a Juan Orlando Hernández y trataran de engañar, amedrentar y manipular a sus seguidores, porque es mucho lo que perderían si el Gobierno de Xiomara Castro, decide honrar lo que dice la Constitución que Honduras es un Estado aconfesional (laico), por lo tanto, el Estado no tiene por qué apoyar económicamente a ningún grupo religioso, porque el rol del Estado en lo que concierne a la religión, es garantizar la libertad de conciencia y culto de cada uno de sus ciudadanos.
En una democracia, la división entre la religión y la política debe ser clara, y los ciudadanos deben saberlo y defender esta división y señalar a aquellos políticos que pretendan unir la religión y la política, y hacer negocio con los dineros del pueblo en nombre de Dios. Un ciudadano responsable y consiente debe saber distinguir entre aquellos asuntos que corresponden a Dios y aquello que corresponde al Estado, en otras palabras, a Dios lo que es de Dios y al Cesar lo que es del Cesar.
*Economista con estudios de maestría en Planificación y Política Económica, con más de 30 años de experiencia en el área de Derechos humanos de La Niñez y Derecho de las Mujeres; 20 años de trabajo en ámbito internacional en esos temas. Actualmente se desempeña en el sector Salud como representante en Honduras de la empresa “Procesos Inteligentes”, de capital colombiano.