Las consejeras y representantes del bipartidismo en el CNE, Cossette López y Ana Paola Hall, promueven acciones de juicio político contra figuras de la administración 2022-2026, afirmando que ellas son las “víctimas” a pesar que se confirmó su conspiración para ejecutar un fraude escandaloso.
Según la nacionalista López, el juicio político es necesario contra quienes “atentaron contra la democracia e instrumentalizaron la justicia con fines políticos en las elecciones de 2025”. Esto, al mismo tiempo, que ambas han sido nombradas –extraoficialmente– para integrar el Servicio Exterior con el Gobierno que impusieron.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Tras un proceso electoral marcado por cuestionamientos y señalamientos de fraude, las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López se pronunciaron en sus redes sociales para reafirmar la confianza entre ambas y arremeter contra funcionarios que, según afirmaron, no validaron sus estrategias electorales.
La representante del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, solicitó un juicio político contra quienes, a su juicio, dañaron la democracia del país y utilizaron la justicia con propósitos partidistas durante los pasados comicios generales.
Además, cuestionó la tardanza de los procesos judiciales a su favor y de su familia: “Para los que piensan favorecer con más impunidad a quienes atentaron contra la democracia e instrumentalizaron la justicia con fines políticos en las elecciones de 2025… Sus tibiezas y sus cálculos nos hicieron daño, pero serán cómplices de los que se fueron”.
Lo anterior cobra relevancia ante la moción que buscan promover congresistas del bipartidismo —Partido Nacional y Liberal— en el Congreso Nacional, para realizar juicios políticos contra personalidades como el fiscal general, Johel Zelaya; el consejero Marlon Ochoa, y el magistrado de la Justicia Electoral, Mario Morazán.
Por su parte, la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, manifestó: “Fuimos acosadas. Nosotras, las dos consejeras del CNE, y también nuestras hijas. Se intentó secuestrar el proceso electoral y vulnerar las bases democráticas de Honduras”.
Hall sostuvo que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro actuó de manera organizada para retrasar la proclamación de los resultados y arrebatarle la democracia al pueblo hondureño.
“Como consejeras del CNE no solo organizamos y defendimos las elecciones; enfrentamos constantes ataques del poder del oficialismo, decidido a impedir la declaratoria de elecciones”, afirmó. Agregó que resistieron presiones, campañas de odio y violencia sin límite.
crónica de un “golpe Electoral”
Desde distintos sectores se ha señalado que las principales irregularidades del proceso no fueron hechos aislados, sino consecuencia directa de decisiones adoptadas por la mayoría del pleno del CNE, encabezada por Hall y López, quienes concentraron el control operativo y administrativo.
Partidos políticos y analistas cuestionaron que, pese a las advertencias tempranas, las consejeras no corrigieron fallas en los sistemas de transmisión, permitieron retrasos prolongados y avalaron procedimientos improvisados que terminaron erosionando la credibilidad de los resultados.
A estas omisiones se suma que, mientras se acumulaban reclamos ciudadanos, Hall y López optaron por atribuir responsabilidades a terceros, evitando asumir su rol como máximas autoridades electorales encargadas de garantizar procesos confiables.
Su posterior traslado a la embajada de Francia, presentado como una medida de protección, fue interpretado por sectores críticos como un intento de evadir el escrutinio público y político ante el creciente cuestionamiento por su desempeño.
La decisión se enmarcó en un presunto requerimiento fiscal contra las consejeras, divulgado desde la prensa tradicional, pero que nunca vio la luz pública y que, por el contrario, fue desmentido por el Ministerio Público.
Asimismo, se señaló que varias de las anomalías registradas en el proceso postelectoral quedaron evidenciadas en una serie de audios divulgados por la Fiscalía, en los que, presuntamente, la consejera López habría planeado sabotear el proceso electoral con la aparente ayuda del hoy presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, y de un alto oficial militar.
Finalmente, la crisis se agravó con la declaratoria oficial, la cual no contó con la firma del pleno de consejeros, sino que se utilizó la del suplente José Cardona, en videos publicados de forma diferida, que proclamaron ganador al hoy mandatario Nasry Asfura sin contabilizar ni tomar en cuenta actas sometidas a impugnación y en medio de constantes caídas del sistema de transmisión.
Aunque se maneja de manera extraoficial, tanto López como Hall se estarían integrando al Servicio Exterior de Honduras. La primera, como representante ante la Organización de Estados Americanos (OEA), tras un fallido intento por representar al país ante Estados Unidos; mientras que, en el caso de la presidenta del CNE, su destino sería la embajada de Honduras en España.

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