El abogado Joaquín Mejía advirtió que una amnistía para generales del golpe de Estado 2009 violaría la Convención Americana y la Constitución, al desconocer el bloque de constitucionalidad y los estándares obligatorios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, consolidando un nuevo “Pacto de Impunidad”.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El abogado y experto en derechos humanos, Joaquín Mejía, se pronunció sobre el nuevo decreto de amnistía que se discute en el Congreso Nacional y que beneficiaría al exjefe de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez, y a dos generales en condición de retiro, acusados de presuntos delitos cometidos en el marco del golpe de Estado de 2009, cuando dirigían la institución castrense.
La eventual amnistía también alcanzaría a tres ciudadanos procesados por terrorismo, así como a exfuncionarios del Consejo Nacional Electoral (CNE), que enfrentan procesos judiciales por tres delitos relacionados con la adjudicación irregular de contratos de transporte durante las elecciones primarias.
Ante este escenario, Mejía sostuvo que cualquier decreto orientado a “borrar” graves violaciones a derechos humanos sería contrario a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tal como lo ha reiterado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en su jurisprudencia.
“Sería un nuevo ‘Pacto de Impunidad’. Por eso, las violaciones a derechos humanos de los años de 1980, el golpe de Estado y la crisis poselectoral no pueden ser objeto de amnistías, como lo ha sostenido la Corte IDH, cuyas sentencias son vinculantes para Honduras, según la Sala de lo Constitucional en sus fallos RI-1343-2014 y 0243-2015”, afirmó.
El jurista subrayó además que la Convención Americana sobre Derechos Humanos tiene jerarquía constitucional en el ordenamiento jurídico hondureño. Recordó que la Sala de lo Constitucional, en la sentencia AA-0406-2013, determinó que dicho instrumento internacional integra el bloque de constitucionalidad, es decir, el parámetro máximo de validez de las leyes y actos de los poderes públicos.
En ese sentido, explicó que el artículo 18 de la Constitución establece la supremacía de los tratados internacionales sobre las leyes internas cuando exista conflicto entre ambos. “Aprobar una amnistía contraria al bloque de constitucionalidad sería una grave violación a la Constitución”, enfatizó.
Mejía cuestionó además el rol de los asesores jurídicos del Legislativo ante la eventual aprobación del decreto. “¿No hay abogados ni asesores legales en el Congreso que puedan explicarle a las personas diputadas estas nociones básicas de derecho constitucional o es que las universidades están graduando ‘juristas’ tan mediocres que ni siquiera entienden el bloque de constitucionalidad?”, puntualizó.
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